Delincuencia, justicia y moral pública

Un magnífico reportaje que hoy publica este periódico vuelve a ponernos en alerta sobre el hecho de que con frecuencia en este país la ciudadanía y la justicia caminan a muy distinto ritmo. Viene a sintetizar el sumario que el violador de ancianas se libra, por un mes, de ser encausado en una violación en Castilfalé en 1995 y previsiblemente otra en 1993. En relación a las acusaciones sobre Andrés López y en cumplimiento estricto del Código Penal, que prevé ese tiempo, la Audiencia Provincial ha dictado un auto que declara prescrito el sumario porque «el procedimiento ha permanecido paralizado por más de quince años».

Para la ciudadanía es difícil entender que un individuo que ha protagonizado un rosario de episodios absolutamente repudiables en el entorno geográfico más próximo -"acaba de reabrirse el caso de la agresión en Valdeorras a una anciana de 88 años-" sea beneficiario de un ordenamiento jurídico que, en definitiva, castiga a las víctimas. Como si la ley estuviese hecha a medida del delincuente. Enoja todavía más indignante que la predisposición premiosa de los cuerpos policiales no se haya visto correspondida con el posterior esclarecimiento de unos hechos que generan perplejidad en la opinión pública. La falta de ímpetu de la acción judicial también debilita la moral pública.