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León

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L as relaciones entre ética y políti ca han sido históricamente conflictivas, objeto de reflexión de filósofos, moralistas y politólogos. Son varias las respuestas o modos de relación posibles entre ambas. El realismo político tiende a reducir e incluso a prescindir de la tensión ético-política, entendiendo la ética como un estorbo de la política, lo que lleva al cinismo personal o a un maquiavelismo mal entendido, que resuelve el conflicto apelando a la razón de Estado. Decimos mal entendido, porque el maquiavelismo mixtifica dicha razón de Estado con razones morales o pseudomorales. El eticismo utópico, actitud frecuente entre los que no quieren mancharse las manos con la política diaria, encubre la política con un discurso ético utópico alejado de la realidad.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) denuncia la política, o mejor a los políticos, como el tercer problema más grave que perciben los españoles, tras el paro y la crisis. Los casos de corrupción inundan las páginas de los periódicos y son objeto de acaloradas discusiones en las tertulias radiofónicas y televisivas de cualquier color. No hay partido que esté libre de pecado y, en muchos casos, la única defensa es el escandaloso «tú más». El lacerante caso de los expedientes de regulación de empleo en el PSOE andaluz, comunidad con un paro superior al 25%; el turbio asunto de Gürtel en el Partido Popular valenciano; las comisiones ilegales de Convergencia i Unió; los concejales de Izquierda Unida en Mercasevilla, que se atiborran horteramente de marisco con dinero público en un restaurante de Bruselas; el nepotismo de todos los partidos, aunque en algunos casos, como el de los hijos de Manuel Chaves claman al cielo socialista; y un largo ecétera clientelar están en la memoria de todos.

La ética, como recuerda Aranguren, es primariamente personal, ya que cada hombre ha de proyectar y decidir lo que va a hacer; pero la ética política trasciende al individuo, hace referencia a la comunidad dentro de la que desarrolla su existencia, pues se encuentra con normas sociales que le comprometen y obligan. No puede evitarse el problema. Se trata de una relación dialéctica que ha de conjugar la actitud personal, propia de la ética, con el bien público, que se fundamenta en la justicia. Desde abajo y desde arriba se ha de moralizar la vida pública, en una labor común y constante. El individuo lo debe hacer con su actitud ético-personal ejemplar, arrostrando incluso su vida en el empeño; pero también las instituciones, especialmente a través de la educación y el ejemplo. La gravedad de la situación actual es que la mayor parte de los individuos agonizan en un hedonismo ramplón, y las instituciones, con los políticos a la cabeza, se encuentran moralmente enlodados.

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