Cuentas claras

S e equivocaba quien pensara que, tras su aplastante victoria electoral del pasado 22 de mayo, el PP se iba a dar un respiro a sí mismo y a todos los demás. Para nada. Con ser de incalculable valor el botín recolectado en el ámbito autonómico y municipal, para los estrategas de la calle Génova estás conquistas solo son un avance hacia el objetivo final, que no es otro que la reconquista de La Moncloa. De ahí que no haya habido tregua ni la habrá hasta que se celebren las próximas elecciones generales, máxime, cuando una vez proclamado Rubalcaba candidato socialista, el PSOE se propone, contra viento y marea, agotar la legislatura.

Visto como está actuando en Castilla-La Mancha, comunidad convertida por el PP en símbolo y escaparate, la estrategia pasa por entrar a sangre y fuego en los antiguos feudos socialistas. Antes de que tome posesión Dolores de Cospedal, los populares han declarado dicha comunidad en quiebra, cuantificando en 2.000 millones de euros la deuda contraída con proveedores y asegurando que no tiene liquidez para pagar la nómina de los funcionarios. De paso, han acusado al gobierno saliente de destruir o sustraer documentación.

Siempre que cambia de signo político un gobierno planea la amenaza de que los que entran levanten las alfombras de la gestión de los que salen. Después, nunca ocurre nada. En 1.982 corrieron ríos de tinta a cuenta de las llamadas -˜auditorias de infarto-™ anunciadas por Felipe González a su llegada a La Moncloa, situación que se repitió en 1996 al llegar José María Aznar. De unas y otras auditorías nunca mas se supo, como pasará con las que ha anunciado ahora Mariano Rajoy en las comunidades autónomas arrebatadas al PSOE. Es conocido que todas las autonomías (no solo Castilla La Mancha) se encuentran en una situación financiera mas que preocupante. Y como bien saben Rajoy y Cospedal, las dos que mayor déficit acumulan son Valencia y Murcia, ambas gobernadas por el PP. El agujero financiero de la Sanidad pública es general en las 17 comunidades autónomas, desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Galicia o Castilla y León.

Resulta del todo lógico y legítimo que el Partido Popular quiera conocer el estado de cuentas de las Autonomías de las que se va a hacer cargo. Pero en aplicación del mismo principio de transparencia los ciudadanos de cualquier comunidad tenemos derecho a conocer la situación financiera de la misma. Y hoy por hoy desconocemos cual es la de Castilla y León. No sabemos como se han liquidado los Presupuestos de la Comunidad del 2010, cual es el déficit del Sacyl o a cuanto ascienden las facturas pendientes de pago. Hay que exigir la máxima claridad en las cuentas públicas. Pero en todas, absolutamente en todas, las administraciones.