Somalia y el grito del hambre

Somalia es el último caso de las guerras del hambre en los mercados mundiales. Así lo denuncia el obispo de Maralal (Kenia), Virgilio Pante, que afirma que los mercados, esos especuladores financieros, no sólo arruinan y endeudan a Grecia o Irlanda, sino que matan de hambre a las poblaciones con tal de obtener mayores beneficios para sus accionistas. La situación de hambruna en el Cuerno de África no es novedad. La mitad de los 3,7 millones de somalíes están hoy en situación crítica. Pero Somalia vive una situación de inseguridad alimentaria desde hace 20 años. Y, periódicamente, los medios de comunicación remueven nuestras conciencias y nos recuerdan el impacto dramático del hambre en el mundo. En las televisiones se nos ofrecen imágenes dantescas sobre esta tragedia, como si la hubiesen generado los propios africanos o la sufrieran como una irremediable catástrofe natural. Pero el hambre no es una catástrofe natural. Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. No nos enfrentamos a un problema de producción de comida, sino a un problema de acceso. Como denuncia el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, «el hambre es un problema político; es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución».

La sequía puede agravar los problemas alimentarios, pero no basta para explicar las causas del hambre. De hecho, Estados Unidos o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no padecen hambrunas extremas. No podemos olvidar que Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron la aplicación de un conjunto de políticas de ajuste estructural, como las que ahora se están aplicando a Grecia, Portugal o Irlanda. En agricultura, esto implicó una política de liberalización comercial y apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos subvencionados de multinacionales agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a vender sus productos por debajo de su precio de coste, haciendo la competencia desleal a los campesinos y campesinas de Somalia. Esto, acompañado del fomento de una política de monocultivos para la exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo.

Además en Somalia desapareció la sostenibilidad alimentaria que les daba el mar, porque sus aguas han sido contaminadas tanto por los desechos tóxicos de las compañías transnacionales del Norte como por la contaminación de los barcos petroleros del Norte; esas aguas que han sido esquilmadas y siguen siendo esquilmadas por la pesca de arrastre de las grandes empresas pesqueras del Norte, con apoyo militar actualmente. El gran problema ha sido que los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano. En el 2011 los precios de los alimentos básicos, como el trigo, el maíz o el azúcar, han subido un 25% respecto a los precios del 2010, debido a la especulación de su valor en bolsa. El propio Parlamento Europeo denuncia que estos altos precios de los alimentos están sumiendo a millones de personas en la hambruna y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo.

Este incremento desmesurado de los precios no sólo tiene que ver con el monopolio real de grandes empresas como Syngenta, Dupont o Cargill, que controlan más del 70% de la oferta del cereal o con la extensión de la producción agrícola de agrocombustibles (biodiesel para combustible de automóviles). Especialmente tiene que ver con la inversión especulativa de los mercados –fondos de pensiones y bancos de inversiones- en materias primas básicas, como el trigo o el azúcar, pues genera muchos beneficios y es algo mucho más seguro actualmente que la anterior burbuja inmobiliaria, ya que la demanda va en aumento. Estos «inversores financieros» hacen todo lo posible para que sus fondos consigan el beneficio más alto en el más corto plazo. Entre sus prioridades no figuran obviamente ni invertir en la economía real ni evitar las hambrunas. Por eso Izquierda Unida presentó al Congreso de los Diputados, por primera vez en la historia, una propuesta no de ley instando al gobierno a prohibir las inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, porque, como dice la propuesta, «con la comida no se juega, no se especula con ella, la alimentación es un derecho humano y debemos exigir que los mercados financieros no coticen con ese derecho como si de un juguete se tratara para el lucro desmesurado de unos y el empobrecimiento de la mayoría». Sólo así podremos modificar las causas estructurales que están matando a millones de personas de hambre en el mundo.

La crisis alimentaria global sólo beneficia a las multinacionales que han transformado los alimentos en una mercancía con la que especular. Las tierras, las semillas, el agua... se están convirtiendo en propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercantilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con aquello que nos alimenta. Esto sí que es una verdadera tragedia... y no lo de Amy Winehouse.