Después del 20-N puede ser tarde

Que el Estado de Bienestar iba a terminar siendo el gran pagano de la crisis económica fué algo que empezó a abrirse paso aquel fatídico día de mayo de 2010 en el que Zapatero se cayó del caballo del keynesianismo y empezó el giro de 180 grados que le ha llevado a promover una reforma de la Constitución que consagra el neoliberalismo mas ortodoxo. Aquel primer plan de ajuste, que tuvo a pensionistas y funcionarios públicos como máximos damnificados, se ha ido complementando con sucesivos recortes de derechos sociales —entre otros nada menos que la reforma de las pensiones— y medidas fiscales regresivas, como el incremento del IVA, que han ido mermando, y no poco, nuestro poder adquisitivo.

Y sin embargo todo ese sacrificio ni de lejos ha sido bastante para dejar atrás la crisis. Antes al contrario, el mensaje que transmite la precipitada reforma constitucional es que España ha estado a punto de ser intervenida por la Unión Europea, siendo rescatada in extremis a cambio de comprometerse a nuevas políticas de ajuste presupuestario muchísimo mas rigurosas que las llevadas a cabo hasta ahora. Si no se puede incurrir en deficit y al mismo tiempo se renuncia a subir los impuestos, las cuentas solo pueden cuadrar a base una drástica reducción del gasto público. Y por mucha austeridad que se aplique en otras partidas, no es posible reducir drásticamente el gasto público sin recortar el gasto social.

Pese a que el debate se está manteniendo en el ámbito nacional, no hay que olvidar que, excluidas las pensiones y el subsidio de desempleo, los grandes pilares del Estado de Bienestar son competencia y responsabilidad de las comunidades autónomas, las cuales, en virtud de esta reforma constitucional, verán recortado su límite de déficit por debajo del establecido para la propia administración central. (Otro tanto sucede con los ayuntamientos, condenados a una asfixia financiera que no va a tardar en llevarles a una situación de colapso de la que difícilmente saldrán sin reducir plantillas y eliminar parte de los servicios que prestan).

Téngase asimismo presente que el llamado gasto social (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) acapara mas de dos tercios del Presupuesto de comunidades como la de Castilla y León. En su discurso de investidura, Juan Vicente Herrera se manifestó el pasado mes de junio partidario de «blindar» esos servicios esenciales y ofreció un pacto de comunidad sobre la base de garantizar su sostenibilidad con la misma o superior calidad con la que se prestan hasta ahora. Visto lo que se avecina no se entiende a que esperan la oposición y los sindicatos para cogerle la palabra al presidente y suscribir cuanto antes ese pacto. Después del 20-N puede ser tarde.