Una dimisión que no cesa el escándalo

El escándalo por la millonaria indemnización cobrada de la Caja como prejubilación por el ex alcalde de León, Francisco Fernández, no se cierra ni mucho menos con el anuncio de su dimisión de todos los cargos políticos. En Ferraz consideraban insostenible la situación creada tras difundirse el cobro de 554.000 de euros por parte de Fernández y a lo largo de la semana le han presionado para buscar un cortafuegos que frenase el devenir del escándalo que saltó a la esfera nacional.

El objetivo planteado por Ferraz de depurar la vía política se cumplió parcialmente ayer con el anuncio del ex alcalde de que abandona la política pero el caso tiene aún muchos frentes que deberán dilucidarse. Y es que el primer conflicto político que sigue aún abierto es cómo justificar esta renuncia cuando pocas horas antes destacados cargos socialistas defendieron la legalidad de ese proceso de prejubilación. No está todo tan claro cuando Fernández ha tenido que decir adiós a los cargos después de que el máximo dirigente del PSOE en Castilla y León, Óscar López, o el número uno en la lista al Congreso y actual portavoz parlamentario del grupo socialista en la cámara, José Antonio Alonso, empeñaron su palabra en que todo lo ocurrido en torno al cobro de los polémicos 554.000 euros era legal y lícito.

Los hechos han dejado en evidencia que esos juicios eran más que arriesgados tras la renuncia a la política del propio Fernández y después de que la Caja haya anunciado que estudiará el proceso de prejubilación en un próximo consejo de administración extraordinario e incluso que podría crear una comisión de investigación.

Y el escándalo no cesa tampoco porque el ex alcalde y máximo dirigente del PSOE leonés hasta anoche no renuncia al verdadero origen de la polémica: el cobro de los 554.000 euros de la Caja.

Pretender que con esta rueda de prensa se ha dado carpetazo al caso es un nuevo error que se suma a la cadena acumulada a lo largo de la semana desde que el martes plantearon desde Ferraz a Fernández que debía renunciar a la candidatura al Congreso de los Diputados para frenar el escándalo. La negativa a realizar ese gesto en aquel momento ha generado una deriva imparable a lo largo de la semana que llevó al ex alcalde a una situación insostenible, pero insostenible precisamente a los ojos de su propio partido.

Los juicios de valor emitidos ayer por el protagonista del caso en su comparecencia fueron muy atrevidos porque el buscar culpables no es en estos casos más que una vía falsa para intentar huir hacia adelante porque la única presión real que ha existido sobre su persona ha llegado desde el propio PSOE tanto a nivel autonómico como nacional.

Y al margen de la política también existen graves sombras que planean sobre lo ocurrido. Para la Caja quedan deberes por hacer porque existe una responsabilidad ante los impositores y ante la sociedad en general. El carpetazo político que intentó dar anoche Fernández no puede ser en ningún caso una disculpa para que en el seno de la propia Caja se aclare todo el proceso que llevó al pagó de 554.000 euros a un trabajador de la entidad que formaba parte de su consejo de administración. Hubo ascensos e incrementos salariales que llevaron a esta situación que deben ser clarificados. Y con luz y taquígrafos.