El carbón español es de interés general

El carbón es el único combustible autóctono del que disponemos, cuyas reservas, según el Instituto Geológico-Minero y los datos de las propias empresas, permiten mantener el ritmo de producción unos 130 años. España tiene un serio problema de seguridad de suministro porque el 82% de su energía primaria proviene de terceros países, cuya adquisición genera además el 50% de nuestra deuda comercial exterior.

Se pueden leer con relativa frecuencia afirmaciones falsas como que el carbón nacional es peor que el importado, obviando el hecho de que en España se importan todo tipo de carbones, algunos como el subbituminoso de USA e Indonesia de menor poder calorífico que el español y sobre todo ocultando el hecho de que la calidad de nuestros carbones es la óptima para los diseños de caldera de las centrales térmicas que los consumen, muchas de las cuales no podrían reducir sensiblemente el porcentaje de este carbón en su gama de combustible sin perjudicar su eficiencia y, por tanto, la continuidad de ambas actividades industriales está íntimamente relacionada.

La conveniencia de utilizarlo se sustenta en las bases jurídicas nacionales y comunitarias en las que se fundamentaron tanto el Plan del Carbón 1998-2005 como el 2006-2012 y que no son otras que las de preservar la garantía de suministro con fuentes de combustión autóctonas. Esta garantía no la aportan las centrales de gas que dependen del suministro exterior y apenas tiene capacidad de almacenamiento, constituyendo por tanto el carbón nacional el respaldo más adecuado para el desarrollo de las energías renovables, cuya producción es muy variable en función de la climatología y, por tanto, no gestionable. El propio Tratado de Lisboa ampara el derecho de los estados miembros a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos y la estructura general de su abastecimiento energético.

Además, hay que señalar que las razones medioambientales que en ocasiones se esgrimen para defender el cierre de las minas son insostenibles, como se puede apreciar por los consumos de carbón que demuestran que solamente se logrará sustituir carbón nacional por importado, que emite un 6% más de CO2 debido al consumo energético asociado a su transporte. En este capítulo hay que citar las tecnologías de captura y almacenamiento que se están desarrollando y que permitirán eliminar definitivamente estas emisiones.

En España la producción del carbón mantiene 10.000 puestos de trabajos directos y 30.000 indirectos, que generan 345 millones de euros en concepto de IRPF, IVA y Seguridad Social recaudados por los empleos directos y 900 millones de euros en rentas de los indirectos, cuya desaparición sería devastadora para los 180.000 habitantes de las comarcas mineras, y ello sin contar la economía asociada a las centrales térmicas instaladas en las zonas mineras, cuya pervivencia está directamente relacionada con la de la minería.

En estos momentos se reciben unas ayudas como complemento de precio para una producción de 9,5 millones de toneladas de unos 300 millones de euros que, como se deduce de las cifras expuestas, revierten con creces en la economía nacional, de todo lo cual se concluye que el mantenimiento del sector es una cuestión de interés general.

A pesar de estas poderosas razones y de que el carbón es el combustible cuyo consumo más está creciendo en el mundo, las iniciativas políticas de los últimos tiempos, tanto a nivel nacional como comunitario, parecen más orientadas a conseguir el cierre de las minas (cuyo coste en España superaría los 5.000 millones de euros), que a impulsar un sector competitivo y de carácter estratégico que es donde se debería poner el acento, pues los escenarios previstos de precios en el mercado internacional permiten afirmar que las mayor parte de las minas españolas pueden ser competitivas en pocos años con una adecuada regulación de la producción y consumo del carbón nacional.