Una ‘pella’ de 1.374 millones

Tras cuatro semanas más interminables para unos que para otros, el interregno entre Zapatero y Rajoy ha tocado a su fin y el segundo sucede al primero en el inquilinato de La Moncloa. Cambio de ciclo político en medio de un aterrador panorama económico que va a marcar la hoja de ruta del inminente gobierno del Partido Popular.

Ni que decir tiene que el cambio afecta de manera más determinante que nunca a las demás administraciones públicas, todas ellas, al margen de su color político, altamente lastradas por un desequilibrio financiero desde el que tendrán que afrontar el compromiso de reducir el déficit público contraído por el conjunto del Estado español.

Hace una semana el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se refería en las Cortes a ese compromiso de estabilidad como primera prioridad del gobierno de la comunidad para el 2012, seguido, por este orden, del mantenimiento de los servicios públicos esenciales. (El problema estriba en qué medida el primer objetivo puede condicionar el cumplimiento del segundo, pero para ello habrá que esperar a que el gobierno autonómico tenga a bien dar a conocer sus previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio).

Que en ningún ámbito, y menos en el autonómico, Rajoy no va a atar los perros con longaniza lo sabe todo el mundo y muy directamente los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP, a los que se lo dejó muy clarito en la reunión celebrada con ellos pocos días después de ganar las elecciones. Por ello sorprende que, Herrera, en lugar de ir modulando su discurso victimista frente al gobierno Zapatero, lo haya mantenido hasta el último instante, denunciando ahora la falta de 650 millones de euros correspondientes a partidas finalistas incluidas en los Presupuestos del Estado. O sea, que la famosa «deuda» de 724 millones de euros por cuenta de los Fondos previstos en el modelo de financiación se ve incrementada a última hora con otra cantidad casi similar en concepto de transferencias finalistas (por cierto, en ningún momento detalladas).

Si nuestro ordenamiento jurídico no ha cambiado, las deudas contraídas por una Administración, ya sea ante particulares u otros organismos públicos, no prescriben por el mero hecho de que aquella cambie de responsables políticos. Conforme a derecho, los nuevos administradores han de subrogarse plenamente en esos compromisos. Por lo tanto, entre otro sinfín de deudas, el gobierno Rajoy heredará esa «pella» de 1.374 millones que Herrera ha reclamado hasta hoy mismo al de Zapatero. Y dice el presidente de la Junta que piensa ser igual de exigente con el nuevo presidente que con su antecesor. Pues nada, ánimo en el empeño señor Herrera, que por falta de apoyo de castellanos y leoneses no va a quedar.