Publicado por
Pedro Rabanillo Martín
León

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La grave crisis económica que padecemos y que con más virulencia sufren los parados de hecho y, en especial, los desocupados de «solemnidad» nos anima a buscar ideas en el ámbito intelectivo y especialmente en noches de insomnio, cuando las preocupaciones se multiplican al tratar de saltar sin éxito la barrera de lo imposible.

No trato de vender insidias con el ánimo de poner en tela de juicio la voluntad de los aspirantes que pugnan por seguir en el carro de la política y de los que tratan de subirse al tren del «arte de lo imposible» con el fin de alcanzar las dádivas que graciosamente reparte el «papa» Estado y sus conexas instituciones. Es cierto que una minoría ofrece su servicio desinteresadamente, renunciando a una posición de privilegio por aquello de que lo vacacional lo transforma en agradecido altruismo, pero soy consciente de que se puede hacer mucho mas. A tal efecto, me reitero en la vehemencia con que se acusa en plan peyorativo a quienes, como en este caso, un modestísimo ciudadano que en nada ofende a los que ofrecen su generoso y abnegado servicio, pero que sí sería lesivo para aquellos que de lo público se sirven. El panorama que divisamos es tan desconsolador que hasta los más optimistas dudan de la fiabilidad que pueden ofrecer los más serios servidores. Pero sin vender ridículas pretensiones, me arriesgo a insinuar soluciones, que muy bien pueden legitimar la salud moral de los que de corazón se dispongan a acabar con el problema.

No voy a involucrarme en tecnicismos económicos que desde la CEE nos imponen. No estoy preparado para esa aventura. Pero sí me atrevo a sugerir que si de hecho hemos de hacer frente a una costosísima aportación para saldar el enorme desfase acumulado, nada tan saludable que comenzar por la cura más puntual y eficaz, cual es sin excusas, la aportación directa de los políticos con cargo a sus asignaciones, desde el presidente del Gobierno hasta el último edil del Ayuntamiento más modesto que cobre por su dedicación a la administración pública, dando así ejemplo de falta de codicia y demostrando con hechos y fehacientemente que no han llegado a la política para enriquecerse.

Sería injusto que el sacrificio exigido desde Europa y del mundo de la economía, recayera solamente sobre los ciudadanos de toda condición y situación, recortando los medios a las prestaciones sociales más perentorias. Que todos y todas hemos de arrimar el hombro a la medida de las posibilidades, es obvio, y más teniendo en cuenta la fragmentación de la sociedad en distintos polos de subsistencia, que no debieran ser eludidos por los que en mayor o menor medida dispongan de posiciones más acomodadas. Y, como en estos oficios de dedicación en favor de la sociedad no se obliga ni fuerza a nadie sino que se prestan por propia voluntad y con ánimo de colaboración en la consecución del bien común, están en su derecho de abandonarlos a su comodidad. Otros, sin remilgos, aceptaran la tarea del servicio con la austeridad que requiere tan crítica situación.

Planteando el asunto, me pregunto: ¿No puede una persona dedicada a este oficio, con el privilegio que conlleva, desprenderse de la mitad de los incentivos que recibe cuando estos en la inmensa mayoría son muy elevados, pensando que hay cinco millones de parados, de ellos más de millón y medio de familias sin ningún tipo de prestaciones, pidiendo amparo para llevar a sus hogares —eso en el supuesto de que no hayan sido ya desahuciadas— lo más imprescindible para paliar su critica subsistencia? Si pueden. Otra cosa es tener el valor de aceptarlo y llevarlo a cabo. ¿Se imaginan como sentaría en Europa y en el resto del mundo esta generosa aportación? Presumo que sería el espaldarazo definitivo para adquirir la confianza que necesita esta vapuleada España; claro está, contando con los añadidos que imprescindiblemente han de completar las exigencias de la CEE y que estamos obligados a cumplir. En este sentido me refiero también a los colectivos que conforman la nómina de perceptores en el ámbito de la sociedad, cuales son: altos funcionarios en toda su extensión, personal laboral y pensionistas con arreglo a las prestaciones que reciban.

Otro punto que hay que revisar, como cenit del despropósito, es el capitulo de subvenciones empresariales y a formaciones sindicales, que irremediablemente deben desaparecer, por no hablar de la infinidad de aportaciones a ese sinnúmero de ONG, asociaciones de distinto pelaje y con las mas pintorescas finalidades, así como las regaladas a cuestiones de ocio y similares que no aportan más beneficio que el despilfarro por parte de quienes lo reciben. Solamente deben permanecer aquellas que son necesarias e imprescindibles para cubrir objetivos estrictamente humanitarios. Los partidos políticos deben sufragarse con las cuotas de sus militantes.

Desde hace algún tiempo, se viene especulando sobre la necesaria regeneración de algunas instituciones y la desaparición de las inútiles, que pasan por llamarse en algunos cases empresas públicas. iQué pasa con el Tribunal Constitucional, y que carga supone para el erario público, ya que, cuando su misión sería defender normas y principios teniendo por base la justicia, la ética y la moral en el entorno de la Constitución, saltándose los preceptos jurídicos, se dedica a dictar sentencias demenciales justificando y amparando graves situaciones delictivas y castigar sin piedad la razón de otros agraviados, y llegando incluso a desautorizar al Tribunal Supremo y a cambiar el sentido de una sentencia firme en materias que son de la exclusiva competencia de éste y sobre las que el Constitucional no tenía ninguna legitimidad para intervenir? Sencillamente, sobra, al igual que sus nefastos representantes. Otra institución que está bajo sospecha de virtual inoperancia y, por consiguiente, perfectamente prescindible de la vida social y política española es el Consejo de Estado. ¿Cual es su misión, sino repartir prebendas económicas, que no las necesitan, entre ciertos representantes que han ocupado algún cargo de relevancia política? Estamos pasando unos agobios tremendos y, que sepamos, no han movido un solo dedo para aconsejar a los gobernantes de turno para coadyuvar a aliviar o corregir tan crítica situación. Debería considerarse seriamente su disolución a todos los efectos. Existen, por resumir, otras con el rango de fundaciones y similares que subsisten, en alguna medida, con las «limosnas» de la caja común. Pues que se financien por si solas o bien que desaparezcan. La obligada austeridad limita la generosidad estatal.

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Para terminar, espero sean capaces de reflexionar sobre el contenido de este modesto escrito. Les animo a ser respetuosos con el Gobierno que ha salido de las urnas, disponiéndose con valentía a los sacrificios que demanda la actual caótica situación, sin perder por ello la esperanza de ver la luz al final del túnel, que por nada ni por nadie debe ser apagada con huelgas y manifestaciones convocadas por grupos de proscritos de la razón y la moral, obedeciendo consignas interesadamente políticas.