Nuevo retraso

Del almuerzo y posterior sobremesa de cuatro horas que mantuvieron Rajoy y Rubalcaba, salió un acuerdo ciertamente preocupante desde el punto de vista del normal funcionamiento de las instituciones. Me refiero al nuevo plazo, hasta el mes de junio, que se dieron para proceder a la renovación de organismos tan relevantes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y Radio Televisión Española. Cuatro organismos en los que es necesario el acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, por la mayoría parlamentaria que se exige para designar a sus miembros.

No es muy de recibo que el PP ahora en el Gobierno y el PSOE en la oposición, como en la situación inversa hasta hace muy poco tiempo, sean incapaces de pactar esos nombramientos. Será muy criticable el sistema de elección o de designación de los mismos, desde el momento en que se da un gran protagonismo a los partidos, lo que conlleva un sentimiento patrimonialista nocivo de estos respecto a esas instituciones, pero mientras no se cambie el sistema, lo que tienen que hacer el PP y el PSOE es ponerse de acuerdo y no alargar más la situación que se vive, por ejemplo, en el Constitucional, donde tres miembros agotaron su mandato en noviembre del 2010 y un cuarto falleció en el 2009 y todavía su plaza no ha sido cubierta.

El PP acaba de ganar unas elecciones por una clara mayoría absoluta mientras que el PSOE ha tenido el peor resultado desde la transición. Por ello se entiende muy mal que sea el líder de los socialistas el que anuncie en la Moncloa que en su encuentro con el presidente han decidido tomarse cuatro meses más para resolver estos nombramientos. ¿A quien favorece este aplazamiento? Evidentemente al PSOE de Rubalcaba. Si esto es así, que lo es, la siguiente pregunta obligada que hay que plantearse es: ¿por qué Rajoy tolera esta situación? Y ahí entramos en un terreno ciertamente pantanoso teniendo en cuenta lo que los muy «marianistas» califican como «magistral manejo de los tiempos» de su líder.

Pero siendo un poco mal pensados —lo cual, cuando hay que analizar la actuaciones de los políticos, es muy recomendable— cabría preguntarse si, por ejemplo, a Rajoy le puede convenir que sea este Constitucional, con una mayoría más próxima al PSOE, el que resuelva cuestiones espinosas como pueden ser la legalización de Sortu, la marca de ETA que no fue admitida en su día por el Supremo, o el recurso del PP a la ley del PSOE en la que se equiparan la unión de parejas homosexuales al matrimonio entre un hombre y una mujer. De esa manera, Rajoy se podría parapetar tras la decisión que tome el actual Tribunal Constitucional sin necesidad de tener que mojarse. ¿Es esto ser demasiado mal pensado?