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PEDRO VICENTE
León

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera analiza hoy la desesperada situación económica de las comunidades autónomas, en mayor o menor medida todas ellas asfixiadas por la deuda y el déficit. Como bien sabe su legión de acreedores, las cajas autonómicas están «caninas» y, que nadie se engañe, el auxilio prestado por el Ministerio de Hacienda no va a remediar su desequilibrio estructural. La financiación de lo adeudado a los proveedores o el aplazamiento de la deuda al propio Estado aliviarán algo su falta de liquidez, pero las cuentas seguirán sin cuadrar, máxime cuando dichas medidas se acompañan de un límite de déficit de muy difícil cumplimiento.

Del mismo modo que Rajoy ha considerado inviable el objetivo inicial del 4,4 por ciento en el 2012, resulta del todo imposible que, en la actual coyuntura económica, las autonomías contengan su déficit en el 1,5 por ciento marcado por el Gobierno. Salvo, claro está, que recorten drásticamente los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, etc.), que absorben en torno al 75 por ciento de los Presupuestos Autonómicos. Si no es así, las cuentas no salen y a las pruebas podemos remitirnos.

Pese a que la opacidad con que se administran hacen de las cuentas de Castilla y León algo casi insondable —se acaba de poner en marcha el «céntimo sanitario» mientras se sigue guardando celosamente la dimensión del agujero financiero de la sanidad pública— los pocos datos que trascienden son suficientemente reveladores. El último de ellos ha sido que hemos terminado el 2011 con 500 millones de déficit por encima de lo previsto. Poco antes hemos sabido que la Junta ha recaudado el pasado año 175 millones menos de lo presupuestado en concepto de tributos propios. Y vimos que la prórroga temporal de los Presupuestos ha conllevado una reducción de 225 millones de euros y la no disponibilidad de otros 508 millones, dejando los 10.045 millones iniciales en tan solo 9.312.

Así las cosas, a la espera de que la Junta dé a conocer su techo de gasto para el 2012, todo hace pensar que los nuevos Presupuestos de la Comunidad difícilmente superarán los 9.000 millones de euros. Y con esa reducción del orden de los mil millones de euros será imposible cumplir el objetivo de déficit sin meter la tijera a fondo en conjunto del gasto social.

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Ocurre que tenemos la vista demasiado centrada en el gobierno central, sin darnos cuenta que los pilares del bienestar se sustentan sobre la Administración autonómica, la encargada de gestionar la sanidad, la educación y gran parte de los servicios sociales. Y da toda la impresión de que desde Madrid se está condicionando la viabilidad del Estado de las Autonomías a la jibarización del Estado del Bienestar.