¿Democracia sin transparencia?

El final de la dictadura el año 1975 y la aprobación de la Constitución Española el año 1978 trajeron sin duda una gran esperanza a los españoles de disfrutar de una democracia al estilo de las democracias occidentales. Una de esas grandes alegrías era la formación de las autonomías donde cada región española podía mantener su propia identidad y tener su propia administración cerca de los ciudadanos. Esa ilusión hizo que las cosas empezaran muy bien, el desarrollo económico era espectacular. Llegamos a ser la admiración y la envidia del mundo, se hablaba del milagro español.

Han pasado 34 años desde la aprobación de la nueva Constitución, un tiempo más que prudencial para hacer un balance general y comprobar dónde estamos. El resultado es desolador. Aquel desarrollo espectacular de los últimos treinta años no ha sido real, ha sido pura fantasía. Casi todo lo que se ha hecho está sin pagar, es pura deuda. Nos atenaza una crisis económica y social que ha pulverizado hasta la ilusión de los españoles. Las estadísticas son terribles: Los economistas dicen que la deuda global de España supera los dos billones de euros. El patrimonio de millones de españoles es inferior a la deuda que tienen que pagar. Se supera con creces los cinco millones de parados. El despilfarro y la corrupción se han generalizado de tal manera que necesitaremos decenas de años para equilibrar los presupuestos y poner las cuentas a cero. La propia España está a punto de resquebrajarse, algunas regiones ya piden abiertamente la independencia

En este panorama desolador hay un grupo de privilegiados que están al margen de la crisis: me refiero a los políticos. A finales del año 1975 había en España menos de 800.000 funcionarios en todas las administraciones, hoy pasan de los 3.000.000 entre funcionarios y contratados.

Los diversos gobiernos nacionales han tomado varias medidas para combatir la crisis, pero ninguna acertada. Han subido los impuestos de IVA, de IRPF, han bajado el sueldo a los funcionarios, han bajado las pensiones. Pero, lo auténticamente eficaz, reducir gastos, eso no han hecho. Las prebendas y privilegios de los políticos no se han tocado. Que alguien explique por que en Andalucía, además de tener una Consejería de Sanidad y otra de Medio Ambiente, han creado una veintena de sociedades públicas de ambas competencias, en total han creado más de doscientas sociedades públicas y más de dos mil en toda España, empleando cientos de miles de asalariados públicos con sueldos estratosféricos. Autonomías y ayuntamientos se han dedicado a colocar a sus amigos o compañeros de partido. En resumidas cuentas, el excesivo gasto de las administraciones se ha cargado el dinero público sin que se sepa en qué, sin transparencia alguna.

Los políticos forman una tribu llena de privilegios muy por encima del resto de los ciudadanos. Hoy ser político es una garantía de gozar de un buen sueldo y, a los pocos años, de una jubilación vitalicia de ensueño. Hay casos vergonzantes. ¿Alguien podría explicar por qué al señor Tedy Bautista, expresidente de la Sgae (Sociedad General de Autores Españoles) le han premiado con una pensión vitalicia de 23.000 euros al mes? Es una cantidad superior a la pensión anual de la inmensa mayoría de los pensionistas españoles. Esto no es más que un ejemplo, hay otros muchos similares y con cantidades aún superiores. ¿Cómo se explica que la ciudad de León tenga 300 empleados más que la ciudad de Vigo con una población inferior a la mitad? ¿Alguien puede explicar por qué algunos políticos pueden cobrar varias pensiones y el resto de los ciudadanos no? ¿Alguien puede explicar por que algunos altos cargos públicos pueden tener hasta una docena de cargos, todos remunerados, cuando hay más de cinco millones de parados?

Hace unos días el Gobierno de España ha creado una Ley de Transparencia por el que los políticos que despilfarren los dineros públicos serán apartados de la política y hasta multados. La ley es muy buena, una ley que ya tienen algunas democracias occidentales. Sin embargo, esa ley me parece un brindis al sol por dos razones. Una, ya existen leyes en la Constitución parecidas, el problema es que no se aplican. Y dos, tenemos una justicia politizada que seguirá sin aplicar las leyes. El Gobierno catalán ha hecho del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el más alto Tribunal, eliminando las funciones del Tribunal Supremo ¿ha pasado algo? Nada. La Constitución Española es muy clara. Señores del Gobierno de España apliquen el artículo 155 de la Constitución. No lo van a hacer, de hecho, la Constitución no se ha cumplido nunca y los políticos lo saben y no hacen nada. Las autonomías de Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla la Mancha y Madrid no son constitucionales y ahí están ¿Cuándo fueron regiones o nacionalidades las autonomías antes citadas? Nunca ¿Acaso los políticos no lo sabían? Evidentemente lo sabían, desde que empezó la «democracia»no ha habido transparencia en España y sin transparencia no puede haber democracia.

Ahora, para paliar la crisis, proponen eliminar algunos ayuntamientos y todas las Diputaciones. Harán cualquier cosa menos eliminar los gastos que conllevan los privilegios de la tribu política. Lo curioso del caso es que se han creado las autonomías para acercar la administración a los ciudadanos, eso decían, y ahora pretenden lo contrario. Si la Diputación de León desapareciera, pasaría lo siguiente: Un ayuntamiento de la provincia de León necesita hacer algo especial. Envía una petición a la Junta de Castilla y León. Alguien de la Presidencia contesta en un formulario ya impreso de antemano, a la que le añaden dirección y fecha, diciéndole que envían su petición a la dirección general que corresponda la petición y ahí termina todo, no habrá más noticias.

Miren ustedes, señores políticos: ustedes no tienen la actitud de defender a los ciudadanos, sino vivir de ellos. Los ayuntamientos y diputaciones son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y los que mejor conocen las necesidades de los municipios. Un ayuntamiento debe funcionar como una empresa privada de muchos, de pocos o muy pocos empleados, que funcionan perfectamente. Sólo hace falta que tenga dimensionada la plantilla de personal adecuada para los servicios que presta. Y, donde no llega el ayuntamiento, debe llegar la Diputación. Sí afirmo que la Administración necesita una reforma integral, pero empezando por arriba, donde se originan los gastos masivos, los que están llevando a España a la ruina.