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PEDRO VICENTE
León

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En medio de la escalada de recortes anunciados la pasada semana han pasado un tanto inadvertidos los datos del último padrón de habitantes, que agudizan el retroceso demográfico de Castilla y León. Por tercer año consecutivo esta comunidad autónoma ha perdido población en términos netos (esta vez más de 15.000 habitantes) confirmando una tendencia negativa que no parece tocar fondo.

El problema sigue teniendo la gravedad añadida de que esa caída demográfica no se distribuye por igual entre las nueve provincias, sino que sigue cebándose en las cuatro del Oeste, con León a la cabeza, que el pasado año ha perdido más de cuatro mil habitantes. Salamanca, Ávila y Zamora completan ese cuarteto de cola. Con ello, lejos de disminuir, se agrandan los desequilibrios internos dentro de la comunidad.

Lo más deprimente es que no hay ninguna esperanza de que dicha tendencia cambie. Los ajustes presupuestarios se han llevado por delante el incipiente Plan plurianual de Convergencia Interior, el instrumento contemplado en el Estatuto de Autonomía para corregir esos desequilibrios territoriales. De igual modo se han desvanecido las expectativas en torno al Plan de Desarrollo Rural cofinanciado por las administraciones central y autonómica. Y qué decir del drástico recorte aplicado a los fondos del Plan del Carbón, que ennegrece aún más el futuro de las comarcas mineras. Sin olvidar, por supuesto, los efectos derivados de los recortes en Sanidad y Educación, entre ellos el incierto futuro de la escuela rural.

Es verdad que en términos cuantitativos Castilla y León es una de las comunidades que ha salido mejor parada en el capítulo inversor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Pero ello se debe exclusivamente a la fuerte dotación destinada a la llegada del AVE a Galicia, máxima prioridad para Mariano Rajoy y su ministra de Fomento, Ana Pastor, zamorana de nacimiento pero gallega de adopción. Descontada esa obra, el resto son auténticas migajas, como las dedicadas a la autovía León-Valladolid. Y en materia de inversión menos aun cabe esperar de los próximos Presupuestos de la Comunidad, cuya cuantía, con arreglo al techo de gasto adelantado por la Junta, va a caer a niveles del año 2007.

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Lo peor es que mientras el común de los mortales sufre esta espiral de recortes y rigores presupuestarios, la clase política y las instituciones siguen sin dar el mejor ejemplo. Mejor dicho, protagonizando pésimos ejemplos, como sin ir más lejos el recientemente ofrecido en la Procuraduría del Común, utilizada con todo descaro para pagar espurios favores políticos prestados tiempo atrás al PP. Un episodio bochornoso que empaña gravemente la intachable ejecutoria que hasta ahora avalaba a esta institución.