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León

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La iniciativa puesta en marcha en el Ayuntamiento de Zamora para empezar a cobrar el IBI a los inmuebles propiedad de la Iglesia —en una actuación pionera en España— debe entenderse dentro de la normalidad y por ello es totalmente lógico que desde el consistorio leonés se haya encargado un informe para ampliar a todo tipo de instituciones —incluidas las eclesiásticas— el cobro de todas las tasas e impuestos.

Los principios legales que rigen las aportaciones de los ciudadanos, empresas o colectivos de todo tipo a las arcas públicas de las que se benefician todos los ciudadanos demandan una situación de igualdad. Y en este contexto no son entendibles las bulas que dejan fuera a determinados colectivos e instituciones como es en este caso la Iglesia.

El problema es complicado desde un punto de vista legal por la existencia del Concordato firmado por el Estado español con el Vaticano pero se ha producido de manera sistemática una interpretación extensiva de los inmuebles y actuaciones de la Iglesia que están al margen de la contribución en forma de impuestos y tasas.

El Ayuntamiento de León ya ha aclarado que en su informe no se analizará únicamente la situación de la Iglesia sino que también se buscarán todos los edificios que están en estos momentos fuera del padrón al que se aplica el IBI y que pertenecen a otros organismos o entidades que no están contribuyendo a las arcas municipales en unos momentos en los que es necesario cada euro que se recaude. El propio equipo de gobierno es consciente de la complejidad de la iniciativa y por ello augura que será a medio plazo cuando se pueda empezar a aplicar la ampliación del IBI a todos los que en estos momentos están exentos. En todo caso lo importante es que se abre la vía para acabar con privilegios de difícil explicación.

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