Penas para los desmanes municipales

El Ayuntamiento de León anunció ayer un recorte en todos los sueldos que pagan las arcas municipales. La medida afectará a todos, desde el alcalde hasta el último empleado. Es una medida que se suma al ERE que afectará a 274 trabajadores y otra serie de recortes que se acumulan en el Ayuntamiento de la capital pero también en otros muchos que pagan ahora los excesos de otros tiempos.

En la provincia se han producido muchos desmanes con las cuentas públicas y hay ayuntamientos que tienen verdaderos problemas para afrontar los pagos más imprescindibles. La locura del gasto sin medida presenta casos realmente llamativos como los de Cacabelos o Valderas, aunque la situación ha sido tan generalizada que la capacidad de sorpresa de la sociedad española se va atenuando cada vez más. El que sí ha logrado un caso sonado ha sido el ex alcalde de Pioz, un municipio de la provincia de Guadalajara en el que el plan de la actual alcaldesa para poder hacer frente a la deuda prevé que serán necesarios 7.058 años para solventar los gastos acumulados durante años de excesos.

Ante todas estas situaciones en todo tipo de instituciones no sorprende que el Consejo de Ministros haya dado luz verde ayer a una reforma del Código Penal para empezar a perseguir los desmanes con las cuentas públicas. En concreto el Gobierno ha modificado la ley para poder castigar a los políticos que «oculten, manipulen o falseen las cuentas públicas». Es la guerra contra las llamadas «facturas del cajón», una práctica excesivamente habitual en muchas instituciones que ha llevado a que cuando se ha cuantificado de manera real la deuda se ha desvelado como un gigante que estaba escondido en la cueva de los despachos. La pena prevista establece hasta diez años de inhabilitación y multa de seis a doce meses. Y es que parece de justicia que el que la hace debe pagarla.