A mano alzada

A mano alzada. Esa es la votación que se promueve por quienes repudian las urnas. Desprecian el secreto. Amenazan a quien no sigue las consignas del caudillo de la ideología. Yo he visto volar una urna por los aires en unas votaciones ¿democráticas? en una ciudad del norte de España, en donde no existía la libertad de expresar las opiniones, ni siquiera en secreto, no digamos nada si las decías en público. Comprendo que en reuniones de vecinos o en escaso número, donde se conocen todos, sea posible el recuento de las manos, pero en la moderna democracia la urna es el sistema más puro y secreto de ejercer la opinión. No nos referimos a la mano alzada que todos los años se elevaban en consonancia con la Internacional, en Rodiezmo quienes arropaban las acampadas de la minería. Ni nos referimos a la mano alzada, puño en ristre, acompañado de la rosa por aquellas ministras que ni siquiera sabían lo que era un pozo minero ni la misión de la hulla. Se disimula la amenaza del puño con el olor y el amor de la rosa. A mi gustan más los emblemas de los socialistas del tintero, la pluma y el libro, pero no se airea.

Nos referimos a la propuesta del Grupo Socialista en el Congreso para que cualquiera pueda comparecer en la Cámara Baja y proponga ideas, propuestas y participación directa de la ciudadanía. Se trataba —se decía— de una «pequeña» reforma de la Comisión de Peticiones. Puro engaño. No es ni más ni menos que fomentar un cauce exógeno al Parlamento, para el pase a la Cámara de grupos sin representación ciudadana alguna. De eso a la votación a manos alzada solo hay un paso.

Se ha visto en una institución, que debería ser lo seria que es la representación ciudadana, la exhibición de símbolos, banderas antiespañolas (con la aquiescencia de señor presidente), invitados vocingleros y toda una serie de parafernalia apoyados- como no- por los diferentes grupos parlamentarios. Da pena —y risa si no fuera por lo serio que debería de ser el Parlamento— del acceso a la Cámara de tales improvisaciones. Es cierto que el artículo 77 de la Constitución permite que se puedan presentar a las Cámaras —y éstas recibir— peticiones individuales y colectivas pero está prohibida la presentación directa por «manifestaciones ciudadanas». De forma que pretender, como hace el grupo socialista, que se pueda comparecer y debatir en el Congreso las propuestas del llamado grupo 15-M es una perversión de la democracia y la tergiversación de la representatividad. Porque si a eso se llegara, se podría argumentar que los actuales diputados no se sienten preparados porque: a) no están suficientemente formados intelectualmente para ejercer la representación; b) no tienen la suficiente soltura para emitir opinión sobre la formación de las leyes y tienen que acudir al consejo de grupos de presión extraparlamentarios: c) no saben trasmitir al pueblo que representan las suficientes posturas para ser objeto de amparo sociológico; y d) por fin, están cercenando la representación a través de las urnas que es el único cauce por el que se pude acceder al poder legislativo, que son los partidos políticos, tal como se contiene en nuestra Constitución.

La idea propuesta por los socialistas parece enmascarar la distorsión de los cauces de la división de poderes —tan denostado, en su día, por el socialista Guerra— y de esta representación del pueblo decía Rousseau que «la soberanía, por esencia, es indelegable». De manera que es imposible que se lleve al Parlamento otra representación que no sea la que se formaliza a través de las urnas. Si se quieren otros sistemas, pues que se formalice, pero mientras tanto, ni los sindicatos ni los entes municipales ni los grupos de «indignados» o lobbys financieros más o menos influyentes tienen cabida en las instituciones representativas.

Y no se diga que nadie queda desamparado, pues existen innumerables organismos de acceso directo de opiniones o peticiones. Para desarrollar las peticiones a que se refiere al citado artículo 77 CE, existe la Ley del Derecho de Petición, que se pueden remitir al Congreso de los Diputados, al Senado y a las distintas Asambleas Legislativas de las distintas Comunidades Autónomas, por un cauce reglamentario.

La mano alzada queda bien —y es aplaudida— para el régimen asambleario, nacido de la ideología soleriana, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. De tal forma que lo que un partido no ha conseguido en las urnas lo quiere conseguir llevando al Parlamento a sus correligionarios de las ideas, como corifeos contra el sistema, es decir, proporcionando los suficientes topos que erosionen la pacifica elaboración de las leyes. Claro que a estos políticos no les hacen falta leyes, prefieren la decisión a mano alzada sin oposición alguna o, si esta existe laminarla o acordar conductas —quién no recuerda el pacto del Tinel— que impidan al desenvolvimiento pacífico. Dice Karl Popper: «creemos en la democracia como la forma de gobierno compatible con la oposición política pacífica y efectiva, y por ello con la libertad política». Pero está constatado que quienes no creen en la democracia no tiene sitio en las instituciones, por mucho que se apoyen en partidos o instituciones democráticas. Por mucho que estén en connivencia con partidos que se llaman democráticos o avalados por Tribunales que ni siquiera han sido elegidos por el pueblo sino por los partidos. Nosotros no vamos en contra del sufragio sino que —como razonaba Ganivet en aquella época— vamos contra su aplicación, para que no se contamine con los destructores del sistema.