Fraude alimentario, una lucha justa y necesaria

El Consejo Regulador de Cecina de León denunció ayer ante la fiscalía a los administradores mercantiles de trece cadenas de hipermercados y grandes supermercados de toda la provincia por vender con esa indicación productos no autorizados por esa identificación geográfico protagida. El escrito de la denuncia incorpora cinco actas notariales con esos trece casos documentados y la advertencia de que son «constitutivos de delito» por la «utilización fraudulenta» de la denominación. Es una mención que vende mucho y en muchos casos no precisamente buen producto.

Cecina de León, que factura unos diez millones de euros al año, acoge en el marchamo de calidad a veintiuna empresas productoras de unas cien mil piezas cada temporada, una quinta parte de las cuales se acompañan además del nuevo sello que las distingue como reserva.

Desde la constitución del consejo regulador —cuyas certificaciones llegan a prácticamente toda Europa, América Latina y varios países de Asia—, los más altas estándares de calidad y la lucha contra el fraude han sido sus prioridades. Es justo que quien se impone tan altas exigencias y realiza grandes inversiones defienda sus derechos. Es justo para ellos y bueno para el prestigio del sector agroindustrial de la provincial que agrupa a 1.200 empresas, emplea a 6.000 personas y factura 360 millones de euros al año. Si con frecuencia se recurre al dicho que con las cosas de comer no se juega, en este caso debe entenderse por doble motivo.