Las gallinas que entran, por las gallinas que salen

Aescasos días de que la Junta de Castilla y León presente, por imperativo legal, el correspondiente Proyecto de Ley, se van confirmando los augurios sobre unos nuevos Presupuestos de la Comunidad autónoma tan restrictivos y deprimentes como los del 2012.

Sabido es que el obligado equilibrio de un Presupuesto es el resultado de combinar dos opciones, la de procurar mayores ingresos y adecuar a éstos la cuantía del gasto. Desde que nos dimos por enterados de la crisis, lo segundo se intenta cumplir a rajatabla a base de recortes y más recortes. La novedad en esta ocasión consistía en el propósito anunciado por el presidente Juan Vicente Herrera de intentar paliar la alarmante caída de los ingresos mediante el incremento de los impuestos de titularidad autonómica.

La revisión tributaria llevada al efecto ha rebajado mucho las expectativas previas. El gobierno Herrera se ha quedado a medio camino, en una especie quiero y no puedo (en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en un debo pero no me atrevo). Las exenciones que se mantienen tanto en sucesiones como en donaciones merman mucho la potencial capacidad recaudatoria de este impuesto, sobre el que de otro lado pivotaba esta revisión fiscal, ya que se renuncia tanto a modificar el Impuesto de Patrimonio como a incrementar el tramo autonómico del IRPF. Y de lo que se recaude por sucesiones y donaciones habrá que descontar la bonificación del cien por cien del «centímazo» sanitario a los profesionales del transporte (el resto del común de los mortales seguiremos aflojando los 4,8 céntimos más IVA por cada litro de combustible que repostemos en las gasolineras de Castilla y León).

La consejera de Hacienda no ha cuantificado el resultado de esta revisión tributaria y no diré yo aquello de José Mota de que «las gallinas que entran, por las gallinas que salen», pero me da que el saldo va a ser irrelevante. Desde luego no compensará, ni de lejos, los más de 380 millones en que se reduce el techo de gasto a presupuestar en el 2013. Y posiblemente ni siquiera el incremento del coste (intereses y amortización) de la deuda pública acumulada por la Junta.

Todo lo anterior, unido al límite de déficit (0,7) fijado a las comunidades autónomas, nos sitúa ante unos Presupuestos otra vez contractivos, con nuevos recortes en el gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, Servicios Sociales, etc.) y escaso margen para la inversión pública, capítulo éste que en el 2012 ya ha tocado fondo. Y sin una mínima recuperación de la inversión pública, carecerá de credibilidad cualquier plan que pretenda fomentar la recuperación económica y el empleo. Con los mimbres presupuestarios manejados por la Junta resulta imposible fabricar ese cesto.