Que no quede impune el expolio

LLas cajas de ahorro (para ser más exacto, lo que queda de ellas) siguen estando en el ojo del huracán. Casi siempre para mal. Que se lo pregunten a los miles de damnificados por los desahucios derivados de sus «generosas» hipotecas o a las víctimas de las participaciones «preferentes». Los contribuyentes vamos a sufragar un rescate financiero para sacar de la bancarrota a cuatro grupos formados por antiguas cajas, el principal de ellos Bankia, por cuyo sumidero se fueron, entre otros, los ahorros de las extintas Caja Segovia y Caja Ávila.

Los segovianos, según las crónicas en número próximo al millar, salieron a la calle el pasado fin de semana para exigir responsabilidades a los gestores —más bien habría que decir liquidadores— de su caja. Poco a poco se han ido enterando del expolio. Tenían asumido que la integración en Bankia había supuesto la almoneda de la centenaria entidad. Pero hasta hace nada ignoraban que el patrimonio más emblemático de su obra social, que supuestamente iba a subsistir, se encuentra hipotecado a causa de una operación inmobiliaria de alto riesgo que ha resultado un fiasco. O sea, de auténtico juzgado, que es de hecho donde acabará esa historia junto a las indemnizaciones y pensiones de varios antiguos directivos, objeto ya de una demanda judicial admitida a trámite.

Alienta saber que este tipo de expolios puede que no queden impunes. Hace unos días supimos que el otrora todopoderoso Rodrigo Rato y sus compañeros de la anterior cúpula de Bankia están citados en sede judicial para declarar como imputados en la querella interpuesta por la UPyD de Rosa Díez. La citación alcanza a los anteriores presidentes de Caja Segovia y Caja Ávila.

En Castilla y León, la propuesta de IU de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de las antiguas cajas de la comunidad fue rechazada. Bastaba con que se opusiera el PP, como así hizo, pero además tampoco tuvo el respaldo del PSOE, lo cual resultó harto significativo. Pero la que sigue viva es la denuncia presentada asimismo por IU ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, a raíz de la cual las distintas fiscalías provinciales vienen investigando determinadas actuaciones que se salen de ojo: indemnizaciones, jubilaciones y planes de pensiones de antiguos directivos, créditos preferenciales de los que se han beneficiados empresas de los propios consejeros o personalmente ellos mismos y sus familiares, etcétera.

Lamentable a más no poder es que la desastrosa gestión perpetrada en las cajas haya condenado a la mayoría de ellas a desaparecer, pero el colmo sería que quienes con sus fechorías se han pasado la legalidad por el forro —llevándoselo además calentito— se fueran de rositas. Esperemos que ese expolio no quede impune.