Estado de Derecho y derechos del Estado

Me arrepiento de haber publicado, allá por los años setenta, aquella monografía bajo el sugestivo nombre de Las Regiones en pie , remedando aquella frase de Ortega que había proclamado en 1928: «¡Eh, las provincias, de pie!». Y digo que me arrepiento porque de aquella propuesta descentralizadora para armonizar la unidad y diversidad de España, se pasó desde la «unidad inquebrantable» de Marañón a la disgregación idiomática (¿y literaria?), despareciendo los derechos del Estado y, por tanto, sufriendo sus consecuencias el Estado de Derecho.

Como todos los grandilocuentes conceptos suelen dictarse para no cumplirse. Y así en nuestra Constitución aparece el concepto de Estado (así con mayúscula), que impera en España como social y democrático de Derecho, en el que se integran las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Y algo muy importante, la soberanía reside en el pueblo. Aquí se diluyen las ideologías, se manipulan los saberes, se promulgan los decretos, se crean instituciones, se dictan normas locales, etc. Yo cada vez que oigo la palabra pueblo, como sustento de algún eslogan o proposición, me pongo a temblar. Así en estos días se oye a los dirigentes socialistas reivindicar la instalación de las «casas del pueblo». Éstas no fueron la sede de los ciudadanos sino la de una ideología. La única ¡casa! del pueblo es el Ayuntamiento, sede de la soberanía popular y «cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos», como se dice en la Ley de Régimen Local ¿Para que quiere un partido político otra casa? Digamos que no es la del pueblo sino la de la ideología de partido. No sería exactamente la propuesta de cumplir los derechos del Estado, sino el Estado de los ismos. Así surgirían la casa del pueblo, la casa del sindicato, la casa de la comuna, etc. Como todos los ismos cuando no se acepta la condición de miembro de un Estado, con el tiempo desaparecen.

Se habla de pueblos sin Estado, como propuestas de los nacionalistas. Y, en efecto, la nacionalidad sin organización no es nada. Es una entelequia de las corazonadas de algún orate. Para llegar a la constitución de un Estado hacen falta siglos (a excepción del postcolonialismo), de forma que pretender desgajarse de un Estado, para constituir otro, no es que se produzca un subestado sino que no es nada. No se puede crear nada de la nada; (como dicen los matemáticos una cantidad multiplicada por cero es cero). De tal forma que un Estado como el nuestro que tiene cientos de años con su composición de ciudadanía (no súbditos), territorio y Constitución (las tres notas de un Estado), no puede dejar de invocarse como cauce de armonía y solidaridad.

Sin embargo, parece que se tienen reparos en hablar del Estado o renombrar la expresión Estado español o España. Y así los poderes y las instituciones carecen del concepto de Estado. Estas deben de estar al servicio del Estado no al de su comunidad. Incluso los políticos se creen —con evidente simpleza— que su ideología está al servicio de su institución y no al servicio del Estado, como ente superior. Incluso las amenazas o los insultos al Jefe del Estado quedan impunes; bien entendido que solamente en las tiranías se insulta al jefe de la nación, pero los comunistas se creen que están en sus propio régimen y alaban a quienes así se insulta, olvidando la máxima de Karl Popper: «La diferencia entre una democracia y una tiranía es que en la primera es posible sacarse de encima el gobierno sin derramamiento de sangre; en una tiranía, eso no es posible».

Y si es cierto que no hay democracia sin Estado, ni organización estatal sin democracia, también lo es que quien se les llena la boca de invocar a la democracia cada vez que se dirigen a los conciudadanos, la mayoría de las veces dicen una cosa y hacen, a solas, la contraria. Es decir, están traicionando a la democracia y al Estado. Y éste tiene que defenderse de tales detractores o de los olvidadizos que actúan sin cumplir el mandato constitucional de que «España se constituye en un Estado». Los mismos entes que se crean —y se instalan— en las comunidades autónomas, se encierran en su campanario y no ven más allá de su pueblo. Así, centrándonos en las instituciones de Castilla y León (de las que me ocupé en el Diario de León del 11 de mayo del 2012) son casi todas ellas un remedo de las del Estado, pero ninguna de ellas nombra al Estado, preocupándose de su mantenimiento. En estos días, por ejemplo, el denominado Consejo Económico y Social de Castilla y León, (hay 17 en España) anda reivindicando más competencias y mayor número de consejeros sin que entre sus objetivos figuren los amplios conceptos de Estado. Eso sí, tiene entre sus fines; «… seguir profundizando en la idea de divulgar las inquietudes, propuestas, recomendaciones sobre cualquier aspecto de la realidad socio-económica de nuestro entorno que requiera, a nuestro juicio, reflexión y análisis». Si se leen —es un decir— detenidamente estos objetivos, se aprecian unas misiones criptográficas, reiterativas y grandilocuentes. Esto es, no decir nada, para seguir manteniendo una institución con miras tan cortas como las ideas. Porque habrá de preguntarse ¿cuántas huelgas ha frenado el CES?, ¿cuántas propuestas se han llevado a cabo?, ¿cuántos puestos de trabajo ha proporcionado? Lo único que se sabe es que han realizado estudios sobre la complejidad de la enseñanza de formación profesional, sobre el sistema educativo universitario, sobre el grado de aceptación del análisis previo, etc. Todo muy «inquieto», muy democrático y con mucho concepto de Estado.

Se ven así relegados los derechos del Estado para cargar sobre las instituciones —sin concepto de Estado— las tareas que éste tiene encomendada. De tal suerte que cada vez que la vida democrática va descendiendo, va perdiendo entidad y sustancia, y no se cumple la teoría de Dworkin: «… las decisiones de una mayoría son democráticas sólo si se cumplen ciertas otras condiciones que protegen la condición y los intereses de cada ciudadano…».

En fin, que para que el Estado de Derecho llegue a su fin, se hace necesario que los derechos que se fijan en las normas estén presididos por el amplio —y sagrado— concepto de Estado, por encima de las comunidades y regiones. Y que aquellas que las quise en pie, puedan ser constitutivas de un Estado sin desgajes ni olvidos y que si bien se recuerde y se premie la regionalidad, se haga por medio de la solidaridad del Estado, para que se cumplan aquellas palabras de Ortega y Gasset: «vamos a ver España y sembrarla de amor y de indignación».