La corrupción también es engaño

En los tiempos de la dictadura franquista los políticos que ocupaban cualesquiera de las administraciones públicas al uso formaban parte del régimen o por lo menos eran afines o condescendientes con el régimen establecido. En aquella época también hubo escándalos de corrupción, si bien el régimen, escasamente permeable a este tipo de situaciones que lo desprestigiaban, silenciaban oportunamente cualquier posibilidad de divulgación pública, siendo una de las excepciones más sonadas el caso Matesa, que estalló en el 1969 y salpicó a varios ministros, pero que su aireación pública tuvo más de escenificación de las luchas intestinas del régimen que de un verdadero intento de atajar la corrupción.

Llega la democracia después de una transición modélica, y por mor de los principios democráticos y liberales que impregnaron nuestra Constitución cualquiera podía y puede acceder a un cargo público, y la sociedad vio a los políticos como los salvadores y garantes de un ansiado sistema democrático, obteniendo el reconocimiento, el respeto y la admiración de quienes no tenían la suerte de pertenecer a tan digna casta. Y esta casta privilegiada empezó a pensar que todo valía, que por mor de su nombramiento en unas urnas o a dedo democrático era intocable, que nada podía afectarle y que era fácil no solo hacer carrera aunque no se supiera hacer una O con un canuto, y al mismo tiempo también llenar los bolsillos a espuertas y, claro está, opaco al fisco, que tiene más morbo y más beneficio neto.

Pero hete aquí que comenzaron a surgir los casos de corrupción, aireados por los medios de comunicación, y que han afectado a todas las capas de las administraciones públicas, hasta el punto de convertirse en una de las primeras preocupaciones de los españoles, junto con el paro, y ocupar no solo la portada sino gran parte del tiempo en telediarios y tertulias. La sensación de que todo vale sigue planeando porque los casos de corrupción se disparan y porque la lenta maquinaria judicial y los entramados financieros, diluyen en el tiempo la finalización de los casos con condenas ejemplares, y parece, y esa es la sensación del ciudadano, que al final todo queda impune.

La corrupción no solo es llenar los bolsillos fraudulentamente, sino que corrupción también es engañar a los ciudadanos, o percibir cantidades en la legalidad que son difícilmente admisibles desde el punto de vista moral y ético. Y en este caso, en León tenemos dos ejemplos muy recientes. El Sr. Silván, Consejero de Fomento, y a la sazón que dice llamarse leonés, resulta que mintió reiteradamente a los leoneses, a sus votantes, a sus ciudadanos, a la sociedad leonesa, cuando afirmaba, insisto que con reiteración y contumacia, que la Junta de C. y León apoyaba por igual a los cuatro aeropuertos de la Comunidad. La noticia, aparecida en el Diario de León el día 1, en la que se denunciaba con datos ya fehacientes que la Junta, utilizando el subterfugio y el amparo de la empresa pública de turismo Sotur, había pagado nada menos que la friolera de veinte millones de euros entre el 2004 y el 2012 a Ryanair para que volase única y exclusivamente desde el aeropuerto de Valladolid, y la indignación de la consejera de turismo y el ejecutivo autonómico porque saliera a la luz un contrato entre Ryanair y la Junta que era opaco y confidencial, raya en la desfachatez y el esperpento político, que debería suponer, como mínimo, la dimisión del Sr. Silvan por mentir a los leoneses con reiteración y la consejera de Cultura y Turismo, sra. Alicia García, por prácticas impropias de una democracia donde la transparencia en todos los órdenes no puede permitir que se firme un contrato entre una entidad pública y una empresa privada de nada menos que por un montante de veinte millones de euros y sea secreto, opaco y confidencial. Cabe preguntarse ¿De qué partidas presupuestarias salió el dinero? Si esto ha salido ahora a la luz ¿Que más oculta a los leoneses sr. Silván?

Por otra parte, en días pasados se ha publicado el detalle de los ingresos de los concejales del equipo de gobierno y oposición en el Ayuntamiento de León, y desde luego resulta sonrojante que quien ostenta un puesto con dedicación exclusiva como presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acuda a los Plenos del Ayuntamiento, naturalmente en su horario de dedicación exclusiva en la Diputación, para cobrar el importe establecido por acudir al Pleno, y resulta también reprochable que quienes ostentan dedicación exclusiva, por acudir a las juntas de empresas públicas, perciban importes extras ¿Por qué no está incluido en la dedicación exclusiva? Transparencia, honradez y mesura debe ir unido a la representación de un cargo público, que a veces se olvida en el fárrago de la actividad política diaria.

Los ciudadanos no perdonan estas actitudes, casos de corrupción, fraude, engaño, prácticas deleznables o difícilmente justificables, y donde antes era reconocimiento, respeto y admiración a la clase política ahora se ha convertido en desprecio, denostación, insultos e improperios con, lamentablemente, gran carga de razón. Sin embargo, no debemos de olvidar, y creo que es lo más importante para nuestra democracia, que en España hay más de sesenta mil concejales, cientos de representantes autonómicos y cargos públicos, y la mayoría desempeñan una labor encomiable y con absoluta honradez. La excepción no debe empañar la regla. Por tanto, que se persiga al corrupto, al mentiroso, al inmoral hasta las últimas consecuencias y que nuestros ciudadanos recuperen la confianza en los políticos, porque mal que nos pese son sustento también de nuestra democracia y nuestras libertades.