La cuestión monárquica

España no es monárquica, es juancarlista». Elevado a categoría de axioma, este aserto ha servido de escudo protector ante cualquier debate sobre el régimen del Estado. Hoy, vapuleado el juancarlismo, ya no valen escudos ante la ineludible cuestión monárquica.

El juancarlismo, en tanto que «ismo» personalista, ha carecido de base ideológica, y se ha sustentado, estrictamente, en el «capital político» adquirido por Don Juan Carlos en la noche del 23-F. Otros servicios (en realidad, inherentes al ejercicio del cargo y su correspondiente partida presupuestaria) han contribuido a incrementar ese capital personal hasta conferirle atributos de pendón de la «Marca España», en una asociación perversa propia de verdaderos incompetentes de la gestión de la imagen pública, al airearla, precisamente, en los peores momentos de percepción de la imagen de nuestro país y de la del propio monarca.

Si al felipismo sucedió el «desencanto», hoy nos hallamos instalados en los crueles días del «desengaño»: ni la Transición fue tan modélica ni el ingreso en el Mercado Común fue tan bien negociado ni Mastrich tan acertado ni Europa es lo que parecía ser. Sumergidos como estamos en un océano de mentiras gubernamentales de ayer y de hoy, ¿por qué no pensar que en la noche del 23-F las cosas no ocurrieron como nos las cuenta la versión oficial?

Más allá de las consecuencias del caso Urdangarín, de la imputación de la Infanta y de la injerencia de la Casa del Rey en los asuntos judiciales, la duda y la sospecha han despertado la cuestión monárquica, con planteamientos como el de si don Juan Carlos debe o no debe abdicar sobre la base de su edad y estado de salud. Tal planteamiento encubre en realidad otro, el de que si para salvar la monarquía resulta acertado o no que don Felipe sea coronado antes de que el deterioro de la imagen de su padre alcance niveles inmanejables, señalando que el Príncipe está sobradamente preparado para asumir el cargo. Argumentación nada recomendable, al ser susceptible de asociación con el hecho de que la generación mejor preparada de nuestra historia está buscando empleo en Alemania y en Brasil.

De estos y de otros planteamientos análogos son partícipes no solo los monárquicos, sino también los socialistas, fieles cumplidores éstos de los acuerdos por el paquete constitucional, aquella versión política del «todos para uno y uno para todos», dejando de lado los principios ideológicos de partido, bien instalados como casta en esa apoltronada confortabilidad a la que denominan estabilidad institucional, incluso al precio perder el apoyo de una juventud completamente ajena a tales pactos. Porque, hoy, la esencia de la cuestión monárquica ya no es cómo garantizar la supervivencia de la monarquía, sino si la Jefatura del nuevo Estado que precisa España debe ser ocupada por un rey o por un presidente republicano.

Para la Corona el asunto es peliagudo en todo caso, puesto que si el Rey optara por la abdicación, perdería la inviolabilidad jurídica, lo que podría convertirlo en sujeto de hipotéticas iniciativas legales respecto de sus actividades privadas, algo que, presuntamente, podría llevarle a un triste final con innegables consecuencias para su sucesor. Y si no renuncia, podría haber lugar para una presunta nueva versión de lo ocurrido el 23-F si, por ejemplo, el largo centenar de grabaciones realizadas en aquellos infaustos días reapareciese. Por lo pronto, la casera grabación de la conversación habida esa misma noche entre el teniente coronel golpista y el representante de la trama civil ha reabierto interesantes hipótesis para la investigación histórica. Por otro lado, aunque menos probable, también es posible que, además de los debates televisivos del «periodismo magenta» (verdadero azote de todo lo que está afectando a la Casa Real), emerja un auténtico debate intelectual sobre la cuestión monárquica. Debate que no solo la clase política está esquivando, sino que tampoco en las universidades se está produciendo. ¿Dónde, la responsabilidad de los intelectuales?, ¿cuándo comenzarán los pensadores a removerse en sus apacibles cátedras?

Dado el nivel profesional hasta ahora mostrado por los asesores de don Juan Carlos, no está de más advertir que una supuesta abdicación no podría establecerse sobre las bases de un hipotético pacto con la Justicia, porque eso sí que conduciría a un verdadero terremoto en el sistema democrático.

Conscientes de que el juancarlismo no ofrece ya garantías para la continuidad de la monarquía, sus defensores han buscado argumentos que van desde los del tipo de que es un régimen más barato, hasta otros en los que se asocia la república con la confrontación civil, pasando por los del tipo representado por un líder socialista cuyo «republicanismo» le llevó a formular la inquietante pregunta: «¿se imaginan una república presidida por José María Aznar?», interrogante que nos da idea de la concepción de la democracia y del respeto que le merece al «izquierdista» la voluntad del pueblo español expresada en las urnas.

Pero plantear esto es quedarse en la periferia de la cuestión monárquica, cuyo núcleo duro reside en la concepción de la Jefatura del Estado (que abordaremos en su momento). No obstante, sobre aquellos argumentos cabe afirmar que ni la república tiene que ser necesariamente más cara que la monarquía ni que a la Tercera República tiene por qué suceder ninguna clase de conflicto civil. En cuanto a quienes se formulan preguntas como la arriba señalada, sencillamente, les recomendamos que se matriculen en algún curso de extensión universitaria sobre respeto democrático.

Y si el pueblo español, en inexcusable referéndum, se pronunciara a favor de la monarquía, aun cabría exigirle a la clase política que esta vez el pacto fuera con el pueblo soberano, para establecer en torno a la Corona una Jefatura del Estado propia del siglo XXI, con criterios sobre el ejercicio del cargo restrictivos en materia de inviolabilidad y del carácter vitalicio (revalidación periódica). Muy probablemente estos criterios serían suficientes para garantizar esa ejemplaridad que inviolabilidad y carácter vitalicio no han conseguido insuflar del todo en la persona que hoy lo detenta y ostenta.

Pero también es obvio que la ejemplaridad es una condición necesaria, no suficiente.