EDITORIAL
Las preferentes exigen la máxima claridad
El caso de las participaciones preferentes ha dato un salto cualitativo en las últimas horas con las decisiones judiciales y políticas que plantean la necesidad de que se investigue lo ocurrido y especialmente las posibles responsabilidades.
La Fiscalía de Valladolid ha abierto una investigación tras una denuncia de consumidores y desde el PSOE Federal se plantea que sea la Fiscalía General del Estado la que afronte este tema que ha dejado miles de damnificados por toda España.
Los abusos por la falta de explicaciones suficientes a los clientes cuando fueron captados ya están generando decisiones judiciales favorables a los ciudadanos que han optado por acudir a la vía judicial. Y junto a este problema moral y social que están sufriendo numerosos ciudadanos existe otro sobre el que la Justicia también tiene que intervenir, y son las responsabilidades derivadas de la comercialización de esas preferentes. A medida que se conocen los datos hay situaciones que parecen insostenibles. Los avisos lanzados desde los diferentes organismos no fueron escuchados por las entidades financieras, que mantuvieron la comercialización de esas preferentes incluso cuando se había puesto en evidencia que eran un mal producto para los inversores minoristas.
La falta de información provocó que muchas personas quedasen atrapadas por un problema que judicialmente podría llegar a ser tratado como una estafa. Lo ocurrido reclama máxima claridad.