El retroceso económico exige nuevas políticas

Los ingresos tributarios en Castilla y León cayeron un 20,5% en el primer trimestre del año arrastrados por la pérdida de actividad y la reducción del consumo. La subida del IVA no evita que baje un 9,7%, el IRPF se desploma un 18,2% y el Impuesto de Sucesiones está en negativo, mientras que suben los impuestos especiales por el céntimo sanitario. La caída es especialmente significativa en León, con un 29,3%, sólo superada por Burgos, con un 31,2%.

Se han conocido estos datos, como constatación de la realidad de una economía en retroceso, justamente un día después de que un demoledor CIS pusiese en la picota a toda la clase política y a las instituciones y significativamente duro con Castilla y León. El 83% de los ciudadanos piensan que la economía va mal o muy mal y siete de cada diez encuestados no creen que Castilla y León esté preparada para salir de la crisis. Además, casi el 48% califican de regular la gestión de la Junta y más de uno de cada tres la suspenden, pese a la percepción generalizada de que aquí las cosas no están peor que en el resto del país y que la capacidad de maniobra en el ámbito territorial es muy limitada.

Sin embargo, se generaliza la idea de que este Gobierno sólo practica la inacción y cada día se oyen más voces pidiendo a Rajoy que actúe con determinación. Limitarse a contemplar el desarrollo de los acontecimientos a la espera de un milagro en el que solo él parece confiar es peligroso. El panorama laboral y económico es terrorífico y exige otra política y otra actitud.