¡Es la política, estúpido!

Se han hecho muchos juegos de palabras en torno a la célebre frase con la que un asesor de Clinton, James Carville, contribuyó a la popularidad de su presidente, pidiendo que los políticos se ocupasen más de las cosas cotidianas y menos de las guerras en Irak: «¡Es la economía, estúpido!». Inmersos como estamos en la mayor crisis económica en décadas, va ganando terreno la creencia de que, tanto en Europa como muy especialmente en España, el embrollo es ahora más bien político que económico. O, lo que nos vino a decir Galbraith —nada nuevo bajo el sol—, la economía tiene un componente sustancialmente político porque o se conecta o se desliga del bienestar de las gentes. Pues eso es lo que tenemos aquí, en España, y ahora, a las puertas de un nuevo euroexamen.

Y es que dentro de unas horas conoceremos las «recomendaciones específicas para España» que va a presentar la Comisión Europea. ¿Recomendaciones? Más bien exigencias. Aquí hay quien habla de una inaceptable tutela por parte de gentes a quienes nadie ha elegido para ello, sino el sistema dedocrático de la eurocracia. Pero no podemos desconocer que, a la hora aflojar la bolsa, las instituciones europeas se encuentran, en el caso español, con que, efectivamente, la crisis no viene motivada tan solo —ni fundamentalmente— por las tambaleantes reformas en impuestos y pensiones: es la política lo que se tambalea, y con ello se derrumba el castillo de naipes económico. Y lo peor es que, aunque sin demasiados micrófonos a la vista, los «cabezas de huevo» de la eurocracia ya lo están diciendo.

Porque ¿cómo no alarmarse ante las discrepancias más que notables entre los barones autonómicos de un mismo partido ante algo tan serio como la homologación del déficit? Ciertamente, la deriva en Cataluña está provocando algo más que el riesgo de una secesión a medio plazo: está logrando distorsionar el propio concepto de unidad territorial. Es el gran tema pendiente, cual espada de Damocles, sobre nuestras cabezas. Pero hay, claro está, más. Mucho más.

Lo demás, todo es polémica que fomenta la inseguridad jurídica y anímica: desde cómo atajar la corrupción y las irregularidades en los partidos hasta cómo afrontar la reforma de la Administración Local. O la de la jubilación, la laboral, la de la sanidad y, claro, la de la educación... Por discutir, discuten hasta la Policía y la Guardia Civil acerca de si ETA se ha terminado o no. España se ha convertido en una plaza de polémicas de medio millón de kilómetros cuadrados. Ojala que los problemas fuesen tan solo de índole económica.