Anular el ‘suelo’ de las hipotecas es justo y debe llegar ágilmente a toda la ciudadanía

La decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada cláusula suelo en las hipotecas es un paso clave para acabar con uno de los abusos más habituales y también más polémicos de la actividad bancaria en España. Son decenas de miles los afectados y además con unos sobrecostes realmente importantes para unos ciudadanos que cada mes tienen que pagar puntualmente las cuotas de sus hipotecas, lo que genera un negocio milmillonario.

La anulación de las cláusulas suelo no puede sorprender a nadie, aunque sí quizás el retraso con el que se llega a esta decisión judicial. La inclusión de determinadas condiciones en los contratos bancarios sin ofrecer explicaciones reales a los ciudadanos ha sido una práctica usual, y los diferentes colectivos de consumidores y de usuarios de banca llevan años denunciando este problema, en el que se aprovecha la situación de indefensión de los ciudadanos.

En este caso, sin una bajada tan radical de los tipos de interés nunca se habría puesto sobre la mesa un conflicto que estaba latente y que se hizo palpable cuando el euríbor cayó por debajo de esas cláusulas suelo generando los sobrecostes que ahora se anulan por decisión del Supremo por ser abusivos para los ciudadanos.

El problema que surge en estos momentos es cómo debe aplicarse esta decisión judicial para que sean eficaces sus efectos para todos los afectados. De momento el asunto amenaza con quedarse al arbitrio de las entidades hasta que sigan avanzando judicialmente otros procedimientos y surjan nuevas sentencias que vayan zanjando el asunto.

Pero para los ciudadanos y tras la sucesión de problemas surgidos en los últimos tiempos con las entidades financieras como protagonistas, parece que lo más razonable sería la búsqueda de una solución que no genere agravios. Si como dice la Justicia lo que se ha producido es un abuso sobre la ciudadanía difícilmente se entendería que ahora todo quede al arbitrio de las facilidades que tenga cada familia para hacer valer sus derechos. Es decir, la decisión del Supremo debería ser asumida de inmediato por el Banco de España, otro organismo estatal, y éste obligar a las entidades a aplicar la sentencia de manera inmediata, como han hecho ya BBVA, Novagalicia y Cajamar.

El caso de las cláusulas suelo se une al problema de los excesos cometidos en los desahucios y también a los graves daños de las llamadas preferentes y con la deuda subordinada. Todo un cúmulo de conflictos entre las entidades financieras y los ciudadanos en un momento en el que ha sido necesaria la inyección de millonarias ayudas económicas para que bancos y cajas salgan adelante. El control sobre estas entidades y sus iniciativas tiene que ser más eficaz.