Una reforma eléctrica que no contenta a nadie

Tal vez la circunstancia de que no haya dejado satisfecho a casi ningún sector, puede ser lo único destacable social y económicamente de la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros, cuyo único gran objetivo es enjugar el denominado déficit de tarifa que este año se elevará hasta los 4.500 millones de euros. De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 2.700 millones restantes procederán de los recortes de costes del sistema, imputables a las empresas. Los consumidores verán de este modo como a partir del próximo mes de agosto sus facturas engordan ya un 3,2%. Fueron las compañías eléctricas, sin embargo, las que más lamentaron el sesgo de la reforma y se anotaron notables bajadas en el parqué. Unas, eso sí, más que otras. Las renovables serán las más perjudicadas por la eliminación de sus jugosas primas. Además, las que disponen de ciclos combinados de gas también podrán hibernarlos ante la falta de demanda. Esos dos vectores de la reforma, en otras condiciones del mercado, deberían redundar al menos en el mantenimiento sino en el crecimiento de la dieta del carbón nacional en nuestro mix energético. Pero en la presentación realizada por el ministro Soria no se realizaron menciones específicas a propósito del lugar en la que queda la industria carbonera, de por sí ya bastante vapuleada por sus políticas.