Vandalismo: facturas y actitudes inadmisibles

El vandalismo callejero le cuesta al Ayuntamiento de León casi medio millón de euros. Si preocupante resulta la dificultad para afrontar ese gastos en estos momentos, más lo es que la factura por la enfermiza inclinación de algunas personas hacia la destrucción desconsiderada de la propiedad pública vaya en aumento de año en año.

Se conocía ayer que los ministerios de Interior y Justicia impulsarán una reforma legal para endurecer el castigo a los que participan en actos vandálicos. Era un clamor social, como también lo es que las autoridades municipales no sancionen el deterioro intencionado del mobiliario y los servicios públicos. Los ciudadanos que hacen uso de bancos, papeleras, etcétera, se sienten inermes ante la ley de la selva que por ejemplo acaba de hacer necesaria una segunda intervención del Ayuntamiento de León sobre el tramo paseable de la muralla romana.

Es exigible, en primer lugar, más vigilancia y más rigor punitivo cuando sea necesario; en segundo lugar, y pese a las tremendas dificultades económicas, una política de recuperación del material sustraído o destrozado por incivismo de unos pocos que campan por sus respetos; y por último, más allá de transmitir el mensaje de que el respeto de lo público es señal de higiene social, encarar una concienzuda campaña para desterrar ese tipo de mentalidades que debe iniciarse en la familia y en la escuela, inculcando al niño que la propiedad del prójimo no es la de un enemigo, y que debe dispensársele un razonable respeto.