Un nuevo caso que pone al carbón bajo sospecha
El Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada investiga un presunto fraude de subvenciones públicas a la producción de carbón en las empresas mineras Uminsa y Alto Bierzo, ambas del Grupo Alonso. El importe global de lo supuestamente defraudado por las dos sociedades ascendería a cerca de 57,5 millones de euros correspondientes sólo al plan de incentivos a la producción del año 2011 y aportados por el Ministerio de Industria.
Ese dinero correspondería al desfase de 1,3 millones de toneladas de carbón entre la producción por la que la administración pública le concedió los incentivos (casi 2,3 millones de toneladas de mineral) y las que supuestamente sólo extrajeron Uminsa y Alto Bierzo (algo menos de un millón de toneladas).
Viene a sumarse este caso al conflicto todavía no resuelto entre el Grupo Alonso y Hunosa a propósito de la también supuesta desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón del Almacén Estratégico Temporal por la que Industria mantiene bloqueadas las ayudas del 2012 a la empresa minera, lo que desencadenó no pocos problemas laborales en la compañía, pero sobre todo puso los focos mediáticos de todo el país sobre el sector, alimentando no pocas suspicacias y dañando gravemente su credibilidad y los argumentos para su defensa.
No es una buena noticia para un sector que vive en el filo de la navaja, por lo que sería deseable la máxima claridad en el proceso y la resolución no sólo más justa, sino también la más inmediata.