Víctimas y justicia

El auto del juez Luis Aláez sobre las circunstancias del accidente que costó la vida a 79 personas el pasado 24 de julio, deja en una situación delicada a los responsables de Adif y Renfe al poner en cuestión la versión ofrecida por Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar en el Congreso de los Diputados. Sostiene Aláez que a la «conducción indebida» del maquinista, definida como causa esencial del accidente, se le unió «una omisión de cautelas elementales» por parte de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad ferroviaria. Es decir, hubo fallo humano, pero éste no fue contrarrestado por unos mecanismos de seguridad que podrían haber evitado la tragedia.

Los responsables de Adif y de Renfe sostuvieron que ni la curva era un punto negro, ni la señalización era inadecuada y que los sistemas de seguridad eran los correctos. Es decir, hubo una única causa y un único culpable: el maquinista. La prueba de que la seguridad en el lugar del accidente no era la adecuada la tenemos en que, después de la tragedia, se han colocado tres nuevas balizas y se ha reducido la velocidad máxima en la curva de 80 a 30 kilómetros por hora. La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Pomar, que viajaba en el tren siniestrado, que resultó herida y que se recupera entre indignada y traumatizada, ha pedido que cesen a los máximos dirigentes de Adif y Renfe que, según ella, deberían haber dimitido nada más producirse el accidente.

La decisión del juez puede tener consecuencias penales en el futuro, pero tiene innegables consecuencias políticas ahora mismo. En la resolución de Aláez se reclama que se determine quién o quiénes son los encargados de la seguridad en la zona, cuya imperfección había sido advertida por el maquinista en sus primeras palabras, aturdido aún por lo que acababa de pasar.

Es de suponer que los ingenieros y técnicos profesionales son los que evalúan cuáles son los sistemas idóneos de señalización y seguridad en cada tramo de vía, en función de los trenes que viajen por ellas.

Pero la decisión última de qué sistema se aplica, así en las máquinas como en las vías, corresponde a los dirigentes máximos de las empresas, que deberán tener en cuenta también razones presupuestarias. Ha querido el destino que la resolución judicial que extiende posibles responsabilidades a instancias superiores al maquinista, haya coincidido con el quinto aniversario del accidente de Spanair, que costó la vida a 154 personas.

El accidente más grave de tren, solapado con las secuelas de uno de los accidente más grave de avión. Las víctimas de Spanair no se sienten reparadas por la justicia española. Las víctimas del Alvia a Santiago pueden empezar a sentirse reparadas con este auto judicial.