Coto Minero, una crisis de interés general

La dirección de Coto Minero Cantábrico solicitó ayer la liquidación de la empresa. La compañía del grupo Alonso ha presentado al Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid la ejecución de la sentencia de muerte de la antigua MSP, y su portavoz ha tenido aún la desfachatez de culpar casi de manera exclusiva a los trabajadores por haberse encastillado en unos planteamientos salariales supuestamente inaceptables. Es cierto que los mineros no han sometido a votación la propuesta del empresario para recortar más de un 16% sus percepciones y la ampliación de la jornada laboral, pero son y han sido ellos los que llevan ya demasiado tiempo cargando sobre sus espaldas el peso de un conflicto con el Gobierno en el que las administraciones públicas tampoco —al margen de la estrategia constante de amenazas del grupo Alonso— han puesto ni mucho menos toda la carne en el asador. La desaparición de Coto Minero Cantábrico no afecta «sólo» a un millar de trabajadores y sus corrrespondientes familias —incluyendo a las empresas auxiliares— será definitivamente la esquela clavada en todo lo alto de una economía que como la del Bierzo y la de Laciana no encuentra el más mínimo resuello. Si el órdago de la liquidación del grupo Victorino Alonso va adelante habrá muchas más víctimas colaterales en términos empresariales y sociales. La acción política e institucional se impone en estos momentos con urgencia antes de que la liquidación pueda hacerse efectiva.