Juntas vecinales y medio natural en León

Argumenta el Gobierno que la administración local está sobredimensionada y que para garantizar su sostenibilidad es necesario su racionalización. Con esta premisa lanza un anteproyecto de Ley que, si prospera, va a eliminar a las juntas vecinales, y con ellas parte de la historia viva, de la cultura y de la identidad de León y del Bierzo. En un mundo tan urbanita, puede dar la impresión de que detrás de las pancartas en defensa de las juntas vecinales se sitúan unos pocos nostálgicos. Sin embargo, si permanecemos impasibles y se aprueba sin modificaciones la Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local, con la pérdida de las juntas vecinales, todos seremos cómplices del robo de los recursos a los más débiles y de la posible privatización de miles de hectáreas de montes públicos.

Mucho se ha hablado de la duplicidad de las administraciones y, sin embargo, se abandona a cientos de seres humanos, ancianos en su mayor parte, en los pueblos aislados de nuestras montañas. Sus juntas vecinales son más que una administración: representan la única estructura jurídico-social que le queda a un mundo rural que agoniza.

Estos aspectos históricos, culturales, idiosincrásicos, sociales, sentimentales… son difíciles de cuantificar. No entrarían en el debate político del déficit cero. Hablemos por tanto con el lenguaje de los simples: qué aportan las juntas vecinales y cuánto nos cuestan. Pues bien, el coste de una junta vecinal es cero; sus miembros son por regla general gestores vocacionales de su patrimonio. Entonces, ¿para qué suprimirlas? La desaparición de las juntas vecinales supone cambios en la titularidad de los montes, facilita que se puedan desafectar de su condición de dominio público, permite el robo de los productos a sus legítimos dueños y la perdida de la única fuente de autofinanciación de los pueblos.

Un artículo de Jaime Lamo de Espinosa ( ABC . 27/05/2010), proponía pagar parte de la deuda del Estado, las comunidades y los ayuntamientos poniendo a la venta los montes públicos. Este economista planteaba desafectar de su condición a los montes comunales y a los catalogados. Muchos no llegamos a imaginar que ningún político se plantease en serio mercadear con los montes después de despojarlos de su condición de dominio público, la más sólida herramienta de protección del medio natural. Nos equivocamos.

Aunque los montes catalogados de utilidad pública son inembargables, inalienables e imprescriptibles, el Gobierno de Castilla-La Mancha llevó a cabo supuestos estudios para desafectar una parte, paso previo a su venta como medida para frenar el déficit. La pérdida de la condición de dominio público solo se puede producir si se justifica el cambio de alguna de las circunstancias por las que fue declarado: situarse en la cabecera de una cuenca hidrográfica, que evite desprendimientos, que frene el aterramiento de los embalses…, o que el Gobierno de España modifique la ley 43/2003 de montes.

En León, la mayoría de estos terrenos pertenece a las juntas vecinales. Como no se pueden ceder ni vender legalmente, el Gobierno pretende eliminarlas para que los ayuntamientos adquieran sus bienes. Ninguna administración se ha acordado de los pueblos de León, ninguna ha apostado por sus recursos y ahora pretenden despojarlos de su patrimonio.

La Constitución también otorga a los terrenos comunales los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Estos montes se pueden desafectar si se justifica, por mayoría absoluta de sus titulares, que no existe un aprovechamiento directo, simultáneo y gratuito por sus vecinos en los últimos diez años, aunque se produzca algún acto aislado. Lo que significa que 150 mil hectáreas de terreno público pueden perder dicha condición si, transferidos a los ayuntamientos, los alcaldes deciden venderlos y no existen pruebas de su uso. Las juntas vecinales deberían custodiar y generar la documentación oportuna: reflejar en los libros de actas todos los aprovechamientos, las autorizaciones de corta solicitadas a la administración forestal, listas de usuarios… Los vecinos, únicos beneficiarios legales de los productos del monte, deben exigirlos sea quien sea el titular; si es necesario que se junten en romería, corten unas leñas y con ellas se regalen un asado, porque si abandonan o no recuperan la costumbre del aprovechamiento común, pueden perder el monte.

Si por ley se perpetra el robo a las entidades menores y existe demanda particular para comprar los montes públicos, espero que los ayuntamientos no pongan nuestros comunales en manos de ningún contratista especulador o señorito cinegético. Las juntas vecinales no tienen deudas que pagar y si, previa desafectación, ceden algún trozo del común, este debe ser la garantía de lograr un colegio, un parque, una residencia o cualquier otro servicio público para sus vecinos.