Furor legislativo sin precedentes

El Congreso de los Diputados se ha tomado vacaciones navideñas no sin antes despedir 2013 con un maratoniano pleno en el que ha despachado en un mismo día siete leyes, siete, y no de escaso calado y trascendencia. Junto a los Presupuestos del Estado para 2014, que en otras ocasiones cerraban en solitario el periodo de sesiones, la Cámara ha aprobado, entre otras, la reforma local de Montoro, la reforma que desvincula del IPC la subida de las pensiones y una nueva ley reguladora del sector eléctrico. Ello tres semanas después de que se aprobará la Lomce y un día antes de que se anunciara el anteproyecto de regulación del aborto, que, junto al también regresivo borrador de Ley de Seguridad Ciudadana, amenazan con crispar en los próximos meses el debate parlamentario.

Valiéndose de una mayoría absoluta ejercida sin complejos, el del Gobierno de Mariano Rajoy es un furor legislativo sin precedentes. Se ha propuesto sacar adelante a toda costa su «programa de reformas», sin importarle el amplio rechazo de la oposición a la mayoría de ellas, ni tampoco la dificultad de aplicarlas en contra de una mayoría social que se considera víctima de un ataque sistematizado a los derechos sociales, económicos y políticos conquistados desde 1977.

Lo peor de cualquier ley es que cause más problemas de los que supuestamente pretende resolver. Y éste puede ser el caso de alguna de las recientemente aprobadas —la del sector eléctrico ha fracasado ya antes de entrar en vigor— y desde luego de las últimas que se han anunciado. La reforma local de Montoro, que comenzó justificándose por la reducción de costes que iba a generar al suprimir miles de concejales, ha concluido sin producir ese ahorro, no tanto porque dicha representación municipal se mantenga como por el hecho de que el 90 por ciento no percibe ninguna remuneración o lo hace en cuantía irrelevante. El agujero financiero del Estado no se sitúa en la Administración Local que, pese a su penuria de medios, sólo supone poco más del 4 por ciento de la deuda pública española.

Pese a haber perdonado la vida a las juntas vecinales, la reforma local estatal está enfocada a vaciar de contenido a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Castilla y León, todos excepto 15), cuyo futuro queda plagado de incertidumbres. Buena parte de sus competencias básicas acabarán siendo gestionadas por las Diputaciones y el problema de las competencias «impropias» se habrá cerrado en falso si al final no aparece la financiación estatal suplementaria. Todo ello al tiempo que siembra de minas el camino trazado para aplicar la «ordenación territorial» pactada por PP y PSOE en una comunidad que no consigue contener la sangría de la despoblación. A priori, la Ley Montoro es de las que crea más problemas de los que resuelve, si es que resuelve alguno.