Sobresueldos

Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, intervino hace unos días en la comisión anticorrupción creada para debatir las propuestas legislativas del Gobierno en este sentido. Y, entre otras consideraciones, propuso revisar al alza los sueldos de los políticos, porque, en definitiva, se trata «de que atraigamos a la política a la gente más valiosa». En efecto, los ministros y el propio presidente del Gobierno ganan actualmente bastante menos que un cuadro profesional medio en una empresa privada, que un profesional liberal o que un magistrado. Y los salarios de los parlamentarios son sustancialmente inferiores a los de los países de nuestro entorno.

El rifirrafe de este último martes en la sesión de control del Gobierno entre Soraya Sáenz de Santamaría y Soraya Rodríguez a cuenta de los sobresueldos percibidos por los altos cargos populares y por las cesantías de algunos exministros y exsecretarios de Estado ilustra la realidad: la insuficiencia de los salarios públicos ha sido corregida mediante sobresueldos, abonados con toda transparencia, que se han reflejado en las declaraciones fiscales pero que son difíciles de justificar en todo caso. ¿Por qué un diputado que sea además cargo orgánico de un partido ha de cobrar el doble que otro que no lo sea?. Y ¿con qué legitimidad pagan, o pagaban, sobresueldos los partidos, sin rendir cuentas de ello al Parlamento, a la propia sociedad? Después se ha conocido que, además de estos sobresueldos, políticamente dudosos pero legalmente irreprochables, había sobres inconfesables, pero ésta es otra cuestión: la corrupción se ha entremezclado con el régimen salarial de los políticos pero es preciso romper el círculo vicioso por los dos lados: erradicando la corrupción y normalizando unos salarios equilibrados y razonables. Es evidente que una subida salarial generalizada de los sueldos públicos generará rechazo, pero es preciso afrontarla por consenso y en el marco de la lucha radical contra la corrupción, que incluya serias penas de prisión. Entre otras razones porque sólo si se afronta el problema en toda su complejidad será verosímil la solución. Porque, además, habrá que plantear de una vez el espinoso asunto de la calidad de la clase política: es evidente que cada vez más muchos profesionales no están dispuestos a dedicarse a lo público porque les supondría una renuncia casi heroica al nivel de vida acorde con su capacitación profesional.

Es claro que remontar el vuelo después de los escándalos de corrupción requerirá del sistema democrático un esfuerzo ímprobo de realismo, sinceridad, rigor y sacrificio de parte de sus actores principales. Sólo un esfuerzo intenso a escala institucional y realizado por el conjunto de las formaciones políticas permitirá reconstruir el modelo con una clase política renovada, más competitiva, mejor pagada y dispuesta a someterse a todos los controles imaginables para descartar cualquier forma de corrupción.