EDITORIAL: Varapalo judicial a Soria con consecuencias
La Audiencia Nacional ha ratificado la ilegalidad de la decisión del Ministerio de Industria de bloquear los convenios en marcha para las obras mineras alegando falta de recursos económicos. El problema es que esta sentencia se refiere únicamente a Asturias (de momento a las obras de 2011) porque fue el gobierno del Principado el que optó por plantear una reclamación ante la Justicia mientras desde Castilla y León únicamente se apostó por plantear una queja ante el Ministerio.
Y esta decisión judicial tiene ahora consecuencias importantes en dos frentes. Por una parte fuerza al Estado a financiar los proyectos de los fondos mineros a pesar de su negativa dentro de la política de recortes y, por otra, genera un interrogante que se convierte en una amenaza directa para León. Si el Gobierno central paga ese dinero adeudado a Asturias con cargo a los fondos existentes para este año por estos conceptos (51 millones de euros) estos se agotarían directamente y las otras seis comunidades autónomas implicadas en el plan se quedarían sin recursos para poder hacer algo nuevo durante este 2014. El propio gobierno asturiano es el que ha alertado sobre esta posibilidad de que el Ejecutivo central intente tapar el agujero generado en el pasado con los fondos actuales provocando un conflicto añadido en forma de nueva paralización de las inversiones en las comarcas mineras.
En el caso de León el problema derivado de la inacción llega ahora en esa doble vertiente. La provincia no entra en el pago obligado por la Justicia para sus convenios de las obras mineras y además se ve inmersa en esa posibilidad de verse privada este año del nuevo dinero al desviarse todo hacia Asturias.
La Consejería de Industria debería ponerse a trabajar en firme sobre este problema. Urge que el Ministerio concrete cómo va a resolver el problema creado.