La «ordenación territorial», otra vez en el alero

Ya he comentado aquí que, al tratarse del primer partido de la oposición, las consecuencias de la crisis abierta en el PSOE de Castilla y León van más allá de sus propias cuitas internas. En el aire no solo está el liderazgo que surja de su próximo congreso autonómico, sino el futuro de determinados compromisos de comunidad asumidos, mal que bien, durante la etapa de su bicefalia. El más delicado, sin duda, el referente a la «ordenación territorial», pendiente de plasmar en los correspondientes mapas territoriales de servicios.

Aunque el verdadero leiv motiv del cisma no haya sido otro que su descarnada lucha por controlar el partido, no es menos cierto que el pacto con la Junta sobre «ordenación territorial» ha sido desde su origen motivo de discordia entre ambas facciones. Formó parte nuclear del polémico acuerdo suscrito en octubre de 2012 entre Julio Villarrubia y Juan Vicente Herrera, que supuso el primer desencuentro entre el entonces secretario autonómico y su antecesor en el cargo, Óscar López, portavoz socialista en las Cortes y todavía «número tres» en Ferraz. A partir de ese momento se quebró la confianza entre ambos y se desató la creciente tensión que hace dos semanas hizo saltar por los aires la Ejecutiva autonómica.

Previamente, hace ahora un año, la «ordenación territorial» volvió a constituir arma arrojadiza entre los dos bandos a raíz del pacto suscrito por López para apoyar la Ley en las Cortes a cambio, entre otras cosas, de la reposición de las guardias médicas suprimidas en 17 zonas rurales de la comunidad. Entonces fue Villarrubia el que se sintió ninguneado.

Todo ello sin olvidar que los responsables provinciales del PSOE nunca han tenido claro el alcance de dicho pacto, su concreción práctica y su compatibilidad con la Ley Montoro, recurrida por el propio partido ante el Tribunal Constitucional. Alguno de ellos era partidario de romper sin contemplaciones el acuerdo con la Junta, máxime cuando ésta se permitió hace unos meses abordar de forma unilateral una polémica reordenación de la atención primaria que ha levantado ronchas en el ámbito rural.

Pese a toda esa carrera de obstáculos, formalmente el pacto de «ordenación territorial» —imprescindible para aprobar el futuro mapa de servicios— nunca se ha roto. Otra cosa es que lleve semanas aparcado y que los socialistas hayan estado dando largas al asunto. Y ahora tienen la perfecta excusa para mantenerlo bloqueado hasta que el partido no se dote de una nueva ejecutiva autonómica, lo que como pronto no sucederá hasta el mes de septiembre. Siempre, claro está, que a López no le convenga tácticamente aprovechar ese vacío de dirección u decida mover ficha desde el grupo parlamentario, que sigue y seguirá controlando al menos hasta que se constituya la nueva dirección autonómica del partido. Será uno de los asuntos a clarificar durante el debate sobre el estado de la comunidad a celebrar la próxima semana.