Testigos de cargo

Un otoño de calor excesivo y la mano del hombre —nunca se sabrá si del mismo hombre— dejaron un rastro de incendios forestales en los montes de Villafranca del Bierzo y de Los Ancares hace tres años. El último, que no el único de aquellos incendios que obligaron a la Junta de Castilla y León a mantener activo su operativo contra el fuego durante el mes de octubre, calcinó más de trescientas hectáreas entre Porcarizas y Campo del Agua, en una zona incluida dentro del hábitat del oso pardo. Fue uno de los peores fuegos de los últimos años, en plena Reserva de Caza, y las autoridades recurrieron a la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la extinción, que se prolongó durante una semana. Días después, con la tierra aún caliente, los agentes del Serprona conseguían lo que hasta entonces parecía imposible y detenían al supuesto autor del incendio.

Resultó que el detenido era celador de la Reserva de Caza, un trabajador polémico, enfrentado con una parte de los vecinos de los pueblos de la zona, y con un precedente inquietante; la propia Junta le había multado en una ocasión por caza furtiva. Que sufriera un extraño accidente con su vehículo oficial —el mismo que dos testigos de cargo vieron en la zona del incendio en el momento en que se propagaron las llamas— el día que debía entregarlo para cumplir una suspensión de empleo y sueldo alimentó las sospechas. Las pedanías de la zona escribieron a la Junta para pedir que el acusado, en libertad bajo fianza, nunca volviera a pisar el monte.

El celador, ya lo saben, ha sido exonerado este verano y tiene todo el derecho del mundo a reclamar la reincorporación a su puesto. «No culpable» por falta de pruebas fue el veredicto del jurado, que no dio credibilidad a los testigos de la acusación. Los del celador, lo acaban de anunciar los ecologistas, se enfrentarán a una denuncia por falso testimonio.

Y escribir que algo huele a chamusquina en esta historia es quedarse corto. Como poco, ha demostrado que el jurado no es el procedimiento más adecuado para juzgar los delitos de incendio. Sobre todo, si nadie le pide a sus miembros que expliquen por qué no creen a los testigos de cargo.