Gibraltar: algo hacemos mal

La Unión Europea ha instado a Gibraltar a poner fin la contrabando de tabaco, que es una de las fuentes de subsistencia del Peñón. Se trata sin duda de una victoria diplomática de nuestro país frente a las marrullerías de la colonia británica, aunque resulta extraño que España no haya hecho pública la carta que ha recibido en tal sentido de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF), en la que, según parece, se insta también a Madrid a que establezca lazos con la policía gibraltareña y a que no utilice el pretexto del contrabando para poner trabas excesivas al paso de personas y vehículos por la frontera. De cualquier modo, este éxito frente al Reino Unido, la potencia colonial que tolera los tráficos ilegales, no debería deslumbrarnos porque la realidad es que esta guerra de nervios contra la gibraltareños no se está decantando precisamente a favor de España. En efecto, hemos fracasado estrepitosamente en la defensa de nuestros intereses medioambientales en la región y hemos perdido la batalla contra Gibraltar como paraíso fiscal, que sigue siendo el refugio ideal de los evasores españoles

En relación al primer asunto, en julio pasado supimos que la Comisión Europea no cree que Gibraltar haya violado la legislación comunitaria en materia medioambiental, tal y como había denunciado España, con las actividades de bunkering —el suministro de combustible a barcos mediante gasolineras flotantes fondeadas permanentemente—, los rellenos para ganar terreno al mar en un proyecto urbanístico y los lanzamientos de bloques de hormigón para construir arrecifes artificiales.

Con respecto a la segunda cuestión, la del paraíso fiscal, el naufragio es aún más doloroso. El pasado jueves, Jaume Viñas publicaba en Cinco Días un reportaje titulado «España se queda sola al denunciar a Gibraltar como paraíso fiscal», en el que se argumenta la tesis de que, si bien Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal, ni la OCDE ni la UE respaldan esta interpretación. Para la OCDE, España y Gibraltar forman parte del grupo de países que cumplen los estándares de transparencia fiscal. A partir del año 2009 —cuando el G20 redobló la presión sobre los territorios opacos— Gibraltar se lanzó a firmar acuerdos de intercambio de información fiscal. Ha alcanzado acuerdos con países como Alemania, Italia, Francia, Grecia o Bélgica. Y las malas relaciones con el Reino Unido dificultan a España recibir información fiscal de su colonia. Además, la negativa española a reconocer el Peñón le impide firmar con Londres protocolos como los que ha firmado con Jersey, Gernsey y la Isla de Man, paraísos fiscales dependientes de la corona británica.

Así las cosas, Gibraltar prospera —la renta es de 43.300 euros/habitante, por encima de la británica— mientras la provincia de Cádiz apenas alcanza los 10.000 euros per cápita. Algo estaremos haciendo mal, muy mal, en la zona, donde el prurito patriótico hace estragos.