En busca de la frustración

Las dudas sobre el proceso soberanista son un hecho cada día más extendido el Cataluña. La disputa entre sectores mayoritarios de CiU que no están dispuestos a transgredir la legalidad y el conglomerado más independentista —ERC, La Assamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural— que defiende el no acatamiento de las previsibles sentencias del Tribunal Constitucional contra el referéndum es la transcripción política de la pugna que se desarrolla subterráneamente en el seno de la sociedad catalana. De una ciudadanía que, con buen sentido, ha optado por no polemizar masivamente en la superficie del conflicto y a la vista de todos para mantener la paz social y no romper la convivencia civil, por lo que el debate se mantiene soterrado y con sordina

El disenso es en cualquier caso palpable, y las encuestas lo ponderan con probable aproximación. El grupo mayoritario sigue siendo el de los ciudadanos que se sienten a la vez catalanes y españoles, y el núcleo de independentistas no alcanza ni de lejos el 50% de los sufragios. Aunque en el Parlament haya en la actualidad una clara predominancia declarativamente independentista, no es ni mucho seguro que en una hipotética consulta ganara el independentismo.

En esta coyuntura, la polémica CiU-ERC es especialmente cruenta porque CiU, que gobierna, sabe que con sus errores ha cedido ya la mayoría política a ERC, que domina la situación. Y Artur Mas, incapaz de asumir las consecuencias de negarse a romper la legalidad, mantiene la alocada carrera imposible hacia una consulta que —todo el mundo lo sabe— no se celebrará.

Todo para nada porque, como bien saben los promotores de toda esta fallida organización, no cabe la menor posibilidad de que el poder Ejecutivo del Estado cambie de opinión y permita el ceremonial prohibido por la Carta Magna. Ninguna democracia toleraría un desplante a su Constitución.

¿Para qué, pues, esta aparatosa huida hacia delante, este absurdo viaje a ninguna parte? Con toda evidencia, para sembrar desorientación en la opinión pública, para que se extienda una frustración sobre la ciudadanía que, de buena fe, ha creído en las propuestas de sus líderes, y se descargue una gran inquina contra el supuesto ‘enemigo’ que no ha hecho más que hacer cumplir la ley. Quienes actúan así, tan solapadamente, están contrayendo una gravísima responsabilidad con su propio pueblo.

Y con la democracia, a la que deberán rendir cuentas cuando llegue el momento.