El consenso debe primar en el cese de la cámara agraria

No se han cumplido aún dos años desde las últimas elecciones a las cámaras agrarias y el devenir de estas entidades ya está definitivamente condenado. La decisión de la Consejería de Agricultura de dejar de financiar a estos organismos, después de varios años de una reducción paulatina de subvenciones públicas, ha puesto sobre la mesa una situación que refleja el devenir del actual escenario económico, en el que es complicado justificar la duplicidad de servicios y, menos aún, a costa de los erarios públicos.

Sin embargo, cabe esperar que el proceso de disolución de las cámaras, que en algunas provincias de la comunidad ha generado serios problemas por las deudas generadas durante su gestión, se realice de una manera ordenada y que no suponga ningún perjuicio para el sector. A pesar de que la Cámara Agraria Provincial de León ha sabido hasta ahora mantenerse pese a los recortes presupuestarios, llegado el momento de tomar la decisión de que la entidad deje de ofrecer sus servicios a los agricultores, parece razonable que prime el diálogo entre las diferentes organizaciones agrarias que ostentan la representación del sector en este órgano. La iniciativa de Asaja, sindicato agrario que ejerce en este mandato la presidencia de la entidad, de crear una asociación para ofrecer los servicios a las juntas agropecuarias locales a cambio de una cuota, debería ser consensuada con el resto de las organizaciones agrarias puesto que las decisiones sobre el patrimonio de la Cámara Agraria Provincial y su cometido no puede arrogarse a un sólo colectivo. La falta de consenso lleva a situaciones como la que ayer se escenificó en el pleno, un desencuentro que puede desembocar en una batalla judicial que agravará la brecha entre las organizaciones agrarias de la provincia, cuando la unidad es la mejor baza que puede jugar el sector.