Los alquileres verbales enredan el campo

Las dificultades que Asaja encuentra en la identificación del propietario de las tierras que agricultores y ganaderos alquilan como requisito obligatorio para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) plantean un conflicto complicado. Son los propios profesionales del campo los que han exigido que los subsidios lleguen para el que vive del medio rural, expulsando de los programas a los que mayor presupuesto destina la Unión Europea a quienes poco o nada tiene que ver con la producción agraria y, sin embargo, han percibido subvenciones durante años.

Pero resulta ingenuo pensar que si hay quien no desea que le identifiquen en un documento oficial como propietario de una finca arrendada declare los rendimientos que ésta le generan. Y lo más llamativo es que la gran mayoría de los contratos escritos obedecen a la justificación de las ayudas a las jubilaciones en el sector. El problema es que los contratos verbales de alquiler son algo más que habituales y la imposibilidad de declarar los pagos de alquiler perjudican especialmente a las explotaciones más profesionalizadas. Problemas como la estructura de la propiedad deben solucionarse, aunque exigen tiempo y esfuerzo.