EDITORIAL: Un error en la gestión médica que trae ahora consecuencias

La polémica jubilación forzosa de médicos en el Hospital de León ya tiene respuesta judicial. El Tribunal Superior de Castilla y León ha emitido dos sentencias favorables a facultativos que fueron enviados a su casa en contra de su voluntad. Sacyl deberá readmitirlos y pagarles las cantidades que han dejado de percibir como salarios durante los últimos dos años, desde que se les dio la baja en el Hospital en 2012.

El caso evidencia que entonces se produjo un error grave en la gestión de los recursos sanitarios. La propia sentencia resalta como principal argumento que no se tramitó debidamente esa jubilación. Sólo el consejero de Sanidad tenía facultad para otorgar el visto bueno a una decisión como ésta, y que no podía llevarse a cabo en ningún caso por la gerencia del Hospital o de Atención Primaria, ni tampoco por la Gerencia Regional de Salud. La decisión del TSJ también resalta que a estos dos facultativos se les había otorgado previamente una prórroga a sus servicios por lo que se habían consolidado unos derechos que se vulneraron con este plan para eliminar a los facultativos más veteranos.

Es verdad que la sentencia es recurrible y que no hace referencia en sí al Plan de Ordenación de Recursos Humanos que sigue vigente —aunque también está judicializado por el sindicato médico y el Colegio de Médicos— pero sí deja claro que algo se hizo mal pese a que los objetivos iniciales fueran positivos. La puesta en marcha de un plan como éste reclama el máximo rigor en todos sus aspectos y parece que la queja que desde el principio realizaron los profesionales queda claro que estaba justificada porque no se realizó el proceso con las necesarias garantías ni el imprescindible rigor. Ahora llega el momento de las explicaciones porque ante un error tan grave como el cometido con estas jubilaciones forzosas se impone aclarar las responsabilidades.