El desquite de Montoro

E n 2014 tocaba por ley revisar el modelo de financiación autonómica, irremediable motivo de discordia y agravio desde que existe el Estado de las Autonomías. No digamos ahora, después de que el súbito desplome de los ingresos autonómicos ha originado con las crisis un monumental agujero financiero que se ha ido taponando a base de disparar el endeudamiento.

Sin ir más lejos, Castilla y León, ha visto quintuplicada en los últimos siete años el volumen de su deuda pública, que en 2007 no llegaba a los 1.900 millones y hoy se aproxima a los 9.500. De tal guisa que el coste de la deuda —intereses y amortizaciones— se ha comido en 2014 cerca del 13% de los Presupuestos de esta comunidad autónoma.

Al ver como se desbocaba el endeudamiento de las comunidades, el gobierno de Rajoy creó en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica, que asumía el papel de prestamista de quienes pudieran encontrar dificultades para financiarse en los mercados. Las comunidades más endeudadas no tuvieron otro remedio que acogerse a dicho Fondo, aun a sabiendas de que ello implicaba someterse a cierta tutela y control por parte del ministerio de Hacienda. Por el contrario, hubo otras que declinaron la oferta y prefirieron financiarse en el mercado libre.

En su afán de tutelar las finanzas autonómicas, al ministro Montoro le hubiera gustado que todas las comunidades se acogieran al FLA y encajó especialmente mal que algunas de las gobernadas por el PP, entre ellas Madrid y Castilla y León, pasaran del invento.

Tras haber aplazado sine díe la revisión del modelo de financiación, sobre el que varias comunidades del PP mantienen posturas irreconciliables, en estas llega Montoro y se desculega con una especie de aguinaldo consistente en financiar a interés cero el coste de la deuda autonómica. Aunque sea un parche sobre el problema de fondo, el regalo hubiera sido inobjetable si resultara equitativo. Pero no lo es: Mientras las acogidas al FLA desde 2012 lo reciben con efectos retroactivos, las restantes sólo se beneficiarán de él a partir de 2015, teniendo que seguir pagando por su cuenta los intereses de la deuda emitida desde entonces.

En consecuencia, la medida no es neutra: premia deliberadamente a unas comunidades (principalmente Cataluña, Valencia y Andalucía) en detrimento de otras cuyo único pecado fue el de no complacer al ministro de Hacienda. Se diría que Montoro ha encontrado el momento de tomarse el desquite. Aunque sea a costa de añadir un nuevo agravio al envenenado e irresuelto problema de la financiación autonómica.