Ley Mordaza: restauración del tribunal del franquismo

S egún cifras oficiales, en 2012 hubo 4.000 manifestaciones en Madrid y solo en 12 se registraron actos violentos. El Balance de Criminalidad 2014 del Ministerio del Interior indica que los delitos han disminuido. En una encuesta realizada en octubre de 2013 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), órgano vinculado al Ministerio de la Presidencia, solo el 0,2% de la población española expresó preocupación por el mantenimiento del orden público en España (frente al 77% del paro).

¿Por qué entonces el PP ha aprobado, en contra de todos los demás grupos parlamentarios, la Ley Mordaza? Una ley que castiga con multas de hasta 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por difundir imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes, por no identificarse ante la policía, o multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso. Además crea «nuevos delitos» como el de difusión de mensajes o consignas, de tal ambigüedad que se puede interpretar que la difusión de cualquier opinión o crítica sea un comportamiento punible, tal y como ya alertó el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

La razón de la Ley Mordaza tiene que ver con que, a pesar del mantra reiterado constantemente por el Presidente del Gobierno de que la crisis ya es historia, lo cierto es que la ciudadanía sigue viviendo y sufriendo la situación de paro, desprotección, pérdida de derechos y carencia de medios de subsistencia. Situación provocada por el saqueo sistemático de los recursos públicos por parte de las grandes entidades bancarias y financieras, consentido y alentado por el poder político, que ha provocado el aumento cada vez mayor de la brecha entre pobres y ricos, como ha denunciado el reciente informe de Oxfam-Intermon Gobernar para las élites.

Ante esta situación se ha extendido una ola de protestas ciudadanas, de movilizaciones sociales y sindicales que protestan y denuncian esta política. El Gobierno, en vez de escuchar a la ciudadanía, ha optado por seguir defendiendo los intereses de su clase mediante la represión haciendo oídos sordos del clamor de la mayoría (un 82% de la población pide cambiar o retirar dicha ley). Se terminó el «palo y la zanahoria» de la época del Estado de Bienestar, cuando había un contrapeso político en el bloque socialista y se veían obligados a negociar concesiones y derechos sociales. Ahora el capitalismo ha decidido saquear toda la despensa de las zanahorias y sólo nos ofrecen a cambio los palos para silenciar la protesta.

El PP sabe que con sus políticas de recortes-ajustes, de desmantelamiento de los servicios públicos, de eliminación de los derechos sociales, de connivencia con la corrupción y la evasión fiscal, está perdiendo la batalla frente a la opinión pública, y con esta Ley Mordaza, eufemísticamente denominada de «Seguridad Ciudadana», con su habitual neolengua, busca así anular las voces de quienes denuncian la corrupción, el saqueo y exigen responsabilidades.

Mediante tres mecanismos: represión económica, a través de multas desproporcionadas en comparación con otro tipo de infracciones mucho más graves establecidas en el código penal; criminalización de la protesta social, pasando a ser considerados delito muchos tipos de protesta pacífica que hasta ahora eran consideradas derechos fundamentales de la ciudadanía; impunidad policial, pasando los policías, que deberían estar al servicio de la ciudadanía, a tener poder casi absoluto.

Porque, además de la absoluta desproporcionalidad de las medidas represoras que establece la Ley Mordaza, lo que está provocando la crítica es el hecho de que estas multas se puedan tramitar en el ámbito administrativo, sin intervención judicial, y por ello sin garantías de protección de los derechos de la ciudadanía. Esto es una forma de resucitar el viejo Tribunal de Orden Público del franquismo de 1959, al incluir la ejecución de sanciones administrativas por conductas que no son delito. Como denuncia la Asociación Jueces para la Democracia lo único que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político a costa de restringir libertades. Con esta ley, afirman, «no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales».

La asociación judicial cita las retenciones, identificaciones y cacheos como aspectos de «dudosa constitucionalidad» y critica las «desorbitadas» cuantías económicas de algunas de las sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión.

La nueva ley de Seguridad Ciudadana se convierte en la consagración «legal», impuesta por el PP, mediante sanciones intimidatorias a medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando a raíz de los recortes en derechos sociales que estamos sufriendo ante este saqueo.

El Estado español, en vez de cumplir con las obligaciones contraídas en tratados internacionales y salvaguardar el derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación, ha optado por imponer una legislación que amplía el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas, presentando a los movimientos sociales que protestan y defienden los derechos sociales como una amenaza contra la sociedad (su sociedad).

Esta es la simple y cruda realidad, una auténtica barbaridad legal que atenta contra los derechos y libertades de la ciudadanía, criminalizando a los movimientos sociales e incluso limitando derechos fundamentales como la libertad sindical y de huelga.