El proceso constituyente

J uan Carlos Monedero, número tres de Podemos, profesor de Ciencia Política en al Universidad Complutense de Madrid, ostenta en su formación política un cargo que se denomina ‘secretario de Proceso Constituyente y Programa’. Quiere decirse que la nueva organización política no sólo va en pos de un programa para solicitar la confianza de los electores sino que pretende poner en marcha un proceso constituyente. De hecho, en los inicios del confuso desarrollo ideológico que han realizado los dirigentes de Podemos a lo largo de su todavía corta singladura se avanzó la intención de sustituir el régimen actual, surgido de la Transición y basado en la Constitución de 1978, por otro edificado ex novo. El principal argumento para proceder de esta forma sería la supuesta falta de legitimidad del modelo vigente, ya que la mayoría de los actuales ciudadanos/electores no votó la Constitución por obvias razones biológicas

En otras palabras, el rechazo a la situación actual, que fue el leitmotiv del movimiento 15M, antecedente de Podemos, y que se dirigía claramente a censurar tanto la gestión de la crisis realizada por los grandes partidos como la sobreabundancia de casos de corrupción que todo lo han contaminado, tenía un alcance mucho más ontológico ya que se adentraba en los fundamentos constitucionales, en el conjunto de las reglas de juego que nos habíamos dado en el origen de la andadura democrática

En realidad, Podemos reproduce en cierto modo el debate que se produjo en la etapa preconstituyente, en que los opositores al franquismo y a su herencia discutían entre ruptura y reforma. Aquel debate en principio procesal tuvo escaso recorrido porque, en realidad, la cuestión que hubo que debatir y resolver era cómo proceder a la ruptura con mayores garantías de éxito. Porque, finalmente, la Constitución fue el resultado una ruptura radical con el franquismo, si bien implementada por procedimientos incruentos.

Y la Carta Magna se hizo mediante un magnífico consenso que otorga a la ley fundamental una legitimidad absoluta e incuestionable. La misma, pongamos por caso, que pueda tener la Constitución de los Estados Unidos, que tampoco fue votada por ninguno de los ciudadanos norteamericanos de hoy día.