Cuando falta piel y sobra estómago

C uando falta piel y sobra estómago se tiende a dar la espalda a la realidad que sufren personas a las que la crisis ha cambiado su vida para convertirla en un camino repleto de obstáculos.

Se están debilitando nuestras instituciones porque la gente pide soluciones que no encuentran respuesta y porque no perdona que bajo el paraguas de la crisis, desde gobiernos y parlamentos, se aproveche la situación para tomar decisiones políticas con un marcado sesgo ideológico, por cierto, muy conservador y muy de derechas, digámoslo sin complejos. Decisiones políticas que no tienen nada que ver con salir de este bache económico o paliar sus efectos, sino todo lo contrario, tienen que ver con sacar partido y provecho propio.

Pongo como ejemplo la reciente decisión del ministro Wert de dificultar y encarecer el acceso a los estudios universitarios, con una idea muy de la derecha de este país de que a la Universidad solo vayan «los hijos de la buena estirpe», como diría Mariano Rajoy.

Y así, por decisiones políticas cuyo único responsable es el Partido Popular que gobierna con amplias mayorías en España y en Castilla y León, se están agrandando las brechas entre ricos y pobres o entre hombres y mujeres. Hemos tenido, incluso, que inventar nuevos términos para definir realidades que reflejan el fracaso de las decisiones tomadas.

Hace años hablábamos de los mileuristas como personas que tenían que conformarse con poco para vivir, y hoy hablamos de nimileuristas o de seiscientoseuristas. Aparece, además, el concepto del precariado para referirse a esos cientos de personas que a pesar de tener trabajo viven en la pobreza.

Y esto no lo ha provocado un ente abstracto. Esto ha sido causado por decisiones del PP, implantando, por ejemplo, una Reforma Laboral salvaje en nuestro país que dinamita los derechos de los trabajadores; una Reforma Laboral que los socialistas vamos a derogar porque no cabe duda que habrá una nueva mayoría en el próximo Parlamento Nacional.

También ha aparecido el concepto de «pobreza energética», para darle nombre a una realidad que sufren unos 80.000 hogares en Castilla y León, ya que una cuarta parte de las familias de esta Comunidad Autónoma tienen que dedicar más de un 10% de sus ingresos para calentar la casa, para cocinar, iluminar su hogar o tener agua caliente.

Hasta tener una bombilla encendida se ha convertido en un lujo en miles de hogares de esta Comunidad, ya que mientras el recibo de la luz ha subido un 20%, la precariedad laboral es también cada vez mayor. De hecho, en Castilla y León un tercio de los trabajadores tiene un sueldo inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 19% de los asalariados no trabaja todo el año.

Así las cosas, los tímidos intentos realizados por paliar las tristes situaciones que provoca la pobreza energética han sido insuficientes, como lo demuestra el hecho de que sean las organizaciones humanitarias las que tengan que ayudar a las familias a pagar las facturas. Sólo en la provincia de León, Cruz Roja ha dado más de 200 ayudas y Cáritas destinó en Ponferrada 24.700 euros a este fin el año pasado.

Organismos internacionales no sospechosos de emitir sus informes para fastidiar al PP están hablando de muertes en nuestro país vinculadas a la pobreza energética. Más de 7.000 muertes prematuras al año en España, siendo los niños, las personas mayores y enfermas los más vulnerables.

Por eso cuesta entender que, en el último debate de las Cortes, los parlamentarios del Partido Popular, inmunes al sufrimiento, se hayan atrevido a votar en contra de una Proposición No de Ley con la que los socialistas pedíamos a la Junta que negocie con las empresas energéticas moratorias para las familias en situación de pobreza energética, solicite al Gobierno de España que considere el suministro eléctrico un derecho social básico y prohíba, como en otros países europeos, el corte de agua, electricidad y gas en los hogares.

Cuando falta piel y sobra estómago se aprieta el botón rojo que niega soluciones para una situación dramática. Y todo a pesar de que la Junta no puede garantizar que en Castilla y León no se deja sin suministro eléctrico a ninguna familia.