EDITORIAL: El bienestar ciudadano y la estabilidad institucional exigen rigor y compromiso
El inapelable veredicto de los ciudadanos en las urnas ha provocado la apertura de una nueva etapa política en España. En los pequeños municipios siguen siendo habituales las mayorías absolutas, hasta el punto de que en 170 de los 211 ayuntamientos existentes en la provincia de León se ha generado en la votación del día 24 de mayo una mayoría absoluta en favor de un partido. Pero en otros 41 municipios en estos momentos está abierto un periodo de negociación para intentar acuerdos de gobernabilidad o al menos para favorecer la investidura de determinados candidatos.
Con este panorama político novedoso llama poderosamente la atención el que más de la mitad de los habitantes de la provincia estén pendientes de esos posibles pactos para conocer quién será su alcalde y a qué colores corresponderá la estructura que sustente su gobierno municipal. Una situación que también ofrece un apunte aún más novedoso ya que en general se trata de instituciones locales en las que se ha disparado de manera notable el número de partidos políticos con representación lo que forzará en muchos casos incluso los gobiernos tripartitos o cuatripartitos.
En esta situación se encuentran los ayuntamientos de León, Ponferrada, Villaquilambre, Sariegos... precisamente los más poblados de la provincia. Y en ese nuevo mapa cobra una especial relevancia la situación que ha alcanzado una formación nueva en las convocatorias municipales, Ciudadanos. Con apenas 35 concejales sobre un total de 1661 en toda la provincia se ha convertido en la llave que decidirá el color del gobierno municipal de la mayoría de los leoneses. El 24 de mayo consiguió situar ediles en un total de 20 corporaciones, pero lo ha conseguido en los más relevantes, y con una posición política que le otorga la tan nombrada bisagra a la hora de decidir el futuro tanto de los gobiernos como de sus iniciativas.
El próximo 13 de junio, en apenas diez días, se constituirán los ayuntamientos. Ese día se elegirán los alcaldes, existan o no pactos. La ley impide periodos de inestabilidad —como ocurre por ejemplo en las comunidades autónomas— otorgando el puesto directamente al líder de la lista más votada en caso de falta de acuerdos. Pero parece que llega el momento de reclamar un ejercicio de responsabilidad, de rigor y de compromiso. El bienestar ciudadano está directamente condicionado a la eficacia de los ayuntamientos. Se necesita estabilidad institucional y más si cabe en un mandato complicado por los problemas económicos que sufren muchos municipios.