EDITORIAL. CES: un informe duro que descubre debilidades y señala posibilidades
La recuperación no está llegando o lo hace con dificultad a las familias de Castilla y León, que caminan «a una economía de supervivencia». Esa es la demoledora conclusión hecha pública por el Consejo Económico y Social. En las 1.700 páginas del informe relativo a la situación económica y social de la comunidad autónoma el CES admite que las familias castellanas y leonesas dedicaron el 50% de sus recursos a gastos de vivienda y primera necesidad, lo que supone nada menos que un 10% más que el año anterior.
Es cierto, y así lo recoge el informe, que la economía en Castilla y León ha vuelto a crecer y finalmente se ha generado empleo por primera vez en siete años de crisis. Pero también lo es que ahora vivimos en una sociedad más desigual, más pobre, con menos oportunidades y con más peligro de que eso se convierta en estructural. El CES, que representa también a patronal y sindicatos y que se manifestó por unanimidad, concluye que la reforma laboral impulsada por el Gobierno no ha funcionado en cuanto no ha sido capaz de evitar esa degradación de la situación social, al tiempo que respalda a la Junta en relación con la necesidad de un modelo de financiación autonómica suficiente que cohesione socialmente, pero también territorialmente, y que además garantice los servicios básicos.
Para empezar habría que identificar y desarrollar las debilidades y fortalezas del sistema productivo, que debe basarse en las personas, el conocimiento y la educación. Es necesario corregir factores como la pérdida de población, la reducida dimensión de las empresas y el menor nivel de renta ciudadana, pero también aprovechar la situación geográfica, los recursos endógenos y el capital humano, compatibilizando la creación de empleo y la mejora de la capacidad adquisitiva con incrementos de la productividad y un compromiso de inversión en I+D+i que alcance de nuevo el 3% del presupuesto anual de la Junta.
El exhaustivo informe también incide en la necesidad de defender el carbón y que se concrete un mix energético que garantice el suministro del mineral autóctono frente a las dependencias exteriores.
Facilitar el acceso a la vivienda, una política que evite los desahucios y la creación de un suelo de gasto social para blindar la educación, la sanidad y los servicios sociales tienen que ser objetivos irrenunciables, en tanto que no se recupere el empleo, para garantizar una vida digna a quienes están en peores condiciones. Porque la primera tarea debe ser siempre recuperar a la sociedad y a las personas.
