EDITORIAL: Nuevas trampas al carbón en otro día triste para la minería leonesa

Al margen de la enorme tristeza del sector por el accidente que anoche mantenía sepultado a un minero leonés ejemplar en el tajo y reconocido fuera de él por su defensa de la actividad, otras dos noticias dolorosas pusieron de nuevo al carbón en la picota con titulares de cuerpo grueso y tinte negativo. Porque de esa manera y no de otra hay que interpretar la aprobación del plan de prejubilaciones ideado por el Ministerio de Industria para sacar de la mina y poner al sol a 450 mineros leoneses cuyo horizonte laboral, con sólo 52 años, fundió a negro de manera prematura y precipitada. Ocurría eso mientras las brigadas de salvamento rescataban sano y salvo a uno de los dos trabajadores sepultados en Cerredo y luchaban desesperadamente por la vida de Roberto Calviño. Y ocurría también al mismo tiempo que la patronal minera, entonces ajena al accidente y habitualmente tibia en sus relaciones con la administración, lanzaba el más duro ataque que se recuerde contra el Ministerio de Industria o, por concretar más, contra la Secretaría de Estado de Energía, a propósito de la propuesta de resolución de ayudas enviada a las mineras y manifiestamente arbitraria.

Cuando Industria convocó las ayudas para 2015 lo hizo tomando como referencia lo facturado en 2014, un año nefasto para el sector y excepcional por el bajo consumo, y añadió después a ese condicionante que el tope no sólo fuese sectorial, sino también particular. Esa medida es maliciosa en su fundamento y en los objetivos, sobre todo para las empresas que en esos momentos —precisamente como consecuencia de la incertidumbre regulatoria que caracteriza la gestión del ministro José Manuel Soria— vivían situaciones de especial dificultad por la imposibilidad de facturar ante la negativa consentida de las eléctricas a quemar mineral autóctono y al verse abocadas a duros procesos de regulación o extinción de empleo para sus plantillas.

La maldad de la medida llega al absurdo de que, aun estando pendientes de la aprobación de la norma que regule los pagos y capacidades de consumo de las térmicas, hay empresas que tendrán que paralizar ahora mismo su actividad extractiva porque habrían agotado el cupo.

Incumple una vez más el ministerio de Soria no sólo sus propios compromisos, que nunca fueron de fiar, sino también el mandato de la Comisión Europea en relación con el cierre de las explotaciones mineras, que debería ser ordenado y no precipitado, y al que obliga una política arbitraria, intempestiva y mezquina.