EDITORIAL: Una labor clave que agiliza y acerca la eficacia judicial

La existencia de los juzgados de paz es un pilar fundamental para el sistema español al facilitar y agilizar la tramitación de decenas de miles de casos de los llamados de menor cuantía evitando que los tribunales ordinarios sufran un nivel de colapso más allá del que lamentablemente se ha consolidado casi como inevitable. Durante las últimas décadas se han puesto en marcha distintas iniciativas para fortalecer los juzgados de instrucción e intentar que cumplan en tiempo y forma, un requisito que es probablemente el primero para que se pueda impartir en realidad Justicia.

Y por ello parece fundamental esa figura, que como tantas correspondientes al mundo rural es un elemento humilde y que con escasos recursos económicos realizar una gran labor social. Durante este mandato fue uno de los elementos sobre los que se debatió en el Ministerio de Justicia. Llegó incluso a plantearse su eliminación al igual que la figura de los partidos judiciales dentro de la gran reforma que pretendía poner en marcha Alberto Ruiz-Gallardón. Pero el mero estudio de los balances prueba que es un elemento institucional muy útil y eficaz. En la provincia de León tramitan casi 50.000 asuntos al año y el coste real para el Estado apenas supera los 60.000 euros.

Para los ciudadanos es una fórmula de acceder a la Justicia de un modo más accesible y con una solvencia que le otorga el gran respeto que han conquistado los juzgados de paz a lo largo de la historia. Parece que su refuerzo puede ser un buen camino para impulsar el que este pilar fundamental del Estado que es la Justicia sea realmente un servicio adecuado para el ciudadano. Los expertos aseguran que es el único poder que aún tiene pendiente su gran reforma. En algunos aspectos incluso desde el siglo XIX.